Presión internacional por elecciones en Venezuela

Las elecciones presidenciales de Venezuela del próximo 28 de julio -fecha que fue confirmada recién a comienzos de marzo- parecían totalmente zanjadas en favor de Nicolás Maduro, luego de que el régimen se había encargado de sacar del camino a todos los candidatos con posibilidades de desafiarlo, especialmente a María Corina Machado, quien había logrado posicionarse como candidata unitaria luego de haber arrasado en unas primarias organizadas por la oposición, en octubre pasado. El Tribunal Supremo, sin embargo, impidió que se inscribiera como candidata, valiéndose de una serie de resquicios. Contra todo pronóstico, sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) logró poner a último minuto en la papeleta a Edmundo González, un exdiplomático y académico de 74 años, quien como candidato de consenso de los principales partidos de oposición se ha posicionado como un contendor con serias posibilidades de triunfar.

Los últimos sondeos le han dado a González una amplia ventaja -con una intención de voto del 60% en algunos casos, contra el 20% que obtendría Maduro-, por lo que es indispensable que las fuerzas democráticas a nivel internacional presionen para que el régimen permita que estos comicios se desarrollen con las mayores garantías para todas las candidaturas, en especial para la oposición, y que exista un compromiso expreso de respetar el resultado de las elecciones. El historial de casos en que el régimen ha desconocido la voluntad de popular mediante todo tipo de argucias son abundantes, por lo que es justificable que siga habiendo voces que alertan sobre la posibilidad de que las elecciones terminen en un fraude, o que alguna decisión de último minuto pueda inhabilitar a González.

En los acuerdos de Barbados celebrados en 2023 el régimen se comprometió a llevar a cabo elecciones en 2024, pero es un hecho que el espíritu del acuerdo -que entre otros aspectos buscaba darle garantías a la oposición- ha sido vulnerado en reiteradas oportunidades, tal como ocurrió con el caso de Machado. La desvergonzada actuación del gobierno llevó incluso a que viejos aliados de Maduro, como Lula da Silva en Brasil, y Gustavo Petro, en Colombia, hicieran públicas críticas por la inhabilitación de candidaturas -Petro incluso habló de un “golpe antidemocrático”-, y vuelto a hacer planteamientos respecto de la situación venezolana poselecciones, donde han sugerido la posibilidad de que conjuntamente con los comicios tenga lugar un plebiscito para sellar un “pacto democrático”.

La presión internacional por elecciones libres y las sanciones impuestas a la economía venezolana por Estados Unidos probablemente han incidido para que el régimen se allanara a aceptar la candidatura de González. De allí que resulte cuestionable que la Unión Europea recientemente haya flexibilizado las sanciones que había impuesto sobre el actual presidente del Consejo Nacional Electoral y otros tres funcionarios del organismo, un gesto que Caracas ciertamente recibió con desdén.

Para la región resulta fundamental que Venezuela logre finalmente superar su ya larga crisis interna y revierta la fuerte ola migratoria que todo ello ha conllevado, donde un primer paso es asegurar que las elecciones expresen un cambio de fondo si en definitiva esa es la voluntad popular.