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Opinión

Protocolo para el aborto


Señor director
¿Es posible sostener que el protocolo que regula la objeción de conciencia institucional, busca cumplir los objetivos del legislador al aprobar la ley de aborto en tres causales? Estimamos que no. Ello se explica por la génesis de la objeción de conciencia institucional. Al aprobar el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales, el legislador estableció que la objeción de conciencia solo podría ser esgrimida por personas, lo que fue considerado inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC).
Este órgano no se limitó a declarar la inconstitucionalidad de la norma, sino que además intervino su redacción. Efectivamente, realizando una torsión de reglas procedimentales con implicancias sustantivas, el TC determinó que el texto definitivo de la norma debía establecer que la objeción de conciencia “es de carácter personal y podrá ser invocada por una institución”. De esta manera, al entrometerse en la redacción de la ley, mantuvo parte de la voluntad legislativa (objeción personal) y reemplazó otra, agregando la suya propia (institucional).
Aun cuando la implementación administrativa de las leyes es indudablemente deseable, ya que al ser imposible que el legislador prevea todos sus supuestos de aplicación de otra manera se quedaría corta frente a la realidad, este protocolo en particular no implementa la voluntad legislativa y por tanto no se ajusta a derecho. Si esta regulación algo hace, es implementar la parte de la regla que fue agregada por el propio TC. Se aprovecha, así, de las evidentes inconsistencias que el texto de la ley vigente ofrece luego que este órgano se aventurara a reescribir la voluntad popular.
Más aún, al permitir que las instituciones que esgriman la objeción de conciencia institucional reciban fondos estatales, otorga un poderoso incentivo para que dichas instituciones la invoquen y, de paso, se eximan de cumplir con las causales de aborto aprobadas por el Congreso.

Matías Guiloff Titiun y Domingo Lovera Parmo
Facultad de Derecho Universidad Diego Portales

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