SEÑOR DIRECTOR:
A partir del Día Mundial de los Océanos, celebrado el pasado 8, resaltamos la vocación de Chile, que ya sobrepasa el compromiso de Naciones Unidas de proteger el 30% del mar, con un 44% antes del 2030.
Sin embargo, el país no está exento de la pesca ilegal, que amenaza los ecosistemas marino-costeros, la economía, la seguridad alimentaria y atenta contra la salubridad pública.
A esto se suma el impacto en la gobernanza pesquera y las decisiones científicas, ya que tensiona los pilares para la administración sustentable de las pesqueras.
Por ello, las estrategias de Chile y de los actores relacionados con la pesca apuntan a prevenir y desalentar esta práctica, mediante una nueva y mejor legislación, el fortalecimiento de la fiscalización y el trabajo interinstitucional; donde Sernapesca, la Armada y las policías han tenido un rol clave.
También es vital el trabajo colaborativo entre las comunidades y actores públicos y privados ligados a la pesca. Un ejemplo es el apoyo del proyecto GEF del Gobierno de Chile de Gobernanza Marino-Costera, implementado por la FAO, para regularizar la extracción del recurso puye en Puerto Raúl Marín Balmaceda (Región de Aysén), que permite mejorar las condiciones de comercialización y así ayudar a desincentivar los ilícitos pesqueros.
Para todo lo anterior es clave el rol activo de la ciudadanía, quienes a través de un consumo responsable de productos marinos y denunciando prácticas irregulares de extracción, ayudan a robustecer el combate de este delito, porque la pesca ilegal es posible detenerla en conjunto.
Julio Salas
Subsecretario de Pesca y Acuicultura
Eve Crowley
Representante de la FAO en Chile
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