Remar hacia el mismo lado



Por María Isabel Vial, presidenta ejecutiva de la Fundación Carlos Vial Espantoso e integrante de G100

La miopía es la peor forma de enfrentar el desempleo. Creer que el problema puede ser adjudicado exclusivamente al Covid-19 es precisamente no querer resolver la crisis del trabajo en todas sus dimensiones e implicancias. Llevamos al menos cuatro años con índices de desempleo inquietantes, y tal vez por eso nuestra musculatura laboral dejó que el estallido social nos diera un primer espolonazo avasallador. El segundo vino con la pandemia, y se trató de un golpe profundo que no merece más análisis, sino la activación inmediata de todos los sectores que movilizan la economía y el bienestar de los chilenos.

En el trimestre móvil mayo-julio 2020, nuestro país registró un 13,1% de desempleo. La cifra es alarmante, porque representa a 1,8 millones de chilenos sin trabajo y con la esperanza desgarrada. De ellos, casi 740 mil corresponden a quienes se acogieron a la Ley de Protección al Empleo. El INE aporta un dato revelador: una de cada tres empresas en Chile (37,3%) registró trabajadores suspendidos por efecto de esta ley, ya sea por pacto o por acto de autoridad.

Nuestra realidad en el concierto internacional tampoco plantea un escenario alentador. Un estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Santiago posiciona a Chile como el tercer país a nivel mundial en registrar las mayores pérdidas de empleos. Por eso, toman fuerza las recomendaciones impulsadas por la OIT para formular estrategias que permitan enfrentar este reto político de gran alcance, comprendiendo que las decisiones que se tomen a corto plazo podrían repercutir en el mundo del trabajo en los años venideros. Entre sus sugerencias, apunta a la armonización de las intervenciones políticas en los planos sanitario, económico y social, el auxilio a los grupos más vulnerables y el apoyo a los sectores prioritarios  (mujeres y jóvenes). Pero también pone un foco especial en el fortalecimiento del diálogo social y el respeto de los derechos laborales. Y este último punto debe ser el primero para Chile, con el objetivo de lograr resultados satisfactorios y sostenibles en el mercado laboral.

Es momento para que las empresas desplieguen con fuerza su misión y visión social, que con tanta firmeza decretan en sus cartas credenciales. Es hora de demostrar “quién es quién”, y saldrán fortalecidas aquellas que vean en esta crisis una oportunidad real de crecimiento, generando nuevas fuentes de empleo, innovando y haciendo partícipes a quienes están en el día a día, resguardando uno de los activos intangibles más valiosos que es el capital social de cada empresa.

También es tiempo para que quienes administran el Estado -tanto en el Congreso como en el Ejecutivo- se alejen de la tendencia a crear simples “planes de empleo” (siempre acotados, subsidiarios, de escaso alcance y trascendencia), y se concentren en la creación de una verdadera estrategia pro-empleo. Pensar fuera de la caja no es tarea exclusiva de las empresas y los trabajadores, sino también del gobierno. Hoy más que nunca se requieren medidas que faciliten la flexibilidad, que alienten el emprendimiento sin que éste se transforme en una “ocupación de sobrevivencia”, que incentiven la contratación temporal y la retención de empleos, que fomenten la capacitación y la reconversión, ajustándose a las necesidades y posibilidades del Chile actual.

Un mayor nivel de desempleo es sinónimo de mayor desigualdad, pobreza, deuda y frustracioìn. Es momento de que todos juntos -trabajadores, empresas, Estado y sociedad civil- rememos hacia el mismo lado: evitar la etapa que vendrá inevitablemente -la precarización del empleo- si no pavimentamos hoy caminos robustos y a largo plazo, que aseguren trabajos dignos para un país donde el concepto de “dignidad” se ha vuelto un imperativo político, ético y moral.

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