Responsabilidad fiscal, un activo del país

Hace unos días, las autoridades del Ministerio de Hacienda dieron a conocer el resumen de la ejecución fiscal para el 2022. Destacaron la caída real del gasto público en 23,1% y el incremento de los ingresos en 6,3%, lo que en su conjunto arrojó un superávit de 1,1% del PIB, correspondientes a US$ 3.700 millones. Para comprender el orden de magnitud de este superávit para el ahorro público, estos recursos son equivalentes a financiar -por un lapso cercano a tres años- un aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil para dos millones de personas.

Lograr un superávit o déficit en materia fiscal en un determinado año es difícil de calificar sin un contexto y una perspectiva de largo plazo. Por ejemplo, durante la emergencia sanitaria, que generó mayores déficits fiscales en dos años sucesivos, tempranamente en junio de 2020 se consignó la trayectoria de convergencia fiscal, en un acuerdo que juntó lo mejor de la política y la técnica, de manera transversal, creando además el Fondo Covid. Luego, en la tramitación del presupuesto 2022, se comenzó a materializar el ajuste del gasto público de más de un 20%, retirando las ayudas extraordinarias del IFE. Al Presidente Gabriel Boric le correspondió ejecutar este presupuesto, donde además definió un horizonte para lograr un equilibrio fiscal hacia fines del 2026.

A la luz de lo anterior, cabe resaltar la consistencia de la responsabilidad fiscal en dos administraciones de distintas sensibilidades políticas, donde un superávit fiscal es consistente con la meta de convergencia fiscal.

Sin embargo, persisten hacia adelante algunos elementos de preocupación en las finanzas públicas. En materia de ingresos fiscales, preocupa el deterioro de la capacidad de crecimiento de nuestra economía, donde el producto potencial ha caído a la mitad en las últimas dos décadas, sumado a los efectos negativos en crecimiento que previsiblemente generará la actual reforma tributaria. En materia de gastos permanentes, también son motivo de inquietud las presiones de gasto de la reforma de pensiones.

En el área institucional, urge acelerar el proyecto que perfecciona la ley de responsabilidad fiscal, presentado en el 2021. Y en cuanto al Consejo Fiscal Autónomo, creado el 2019 y que jugó un rol destacado durante la reciente crisis sanitaria, cabe esperar que pueda jugar un rol aún más proactivo en alertar los elementos de riesgo que se presenten para la sustentabilidad fiscal de largo plazo, en iniciativas legales y de orden administrativo que tengan impactos no previstos íntegramente por las autoridades en los ingresos y/o gastos.

Es probable que la valoración transversal del mundo político y técnico respecto de la responsabilidad fiscal, que permite los ajustes necesarios a tiempo, sitúe a Chile dentro del grupo de países que más rápido recupere su equilibrio fiscal después de la pandemia. Pero sabemos que la responsabilidad fiscal no está garantizada; las oportunidades y riesgos están a la vista, por lo que no se deben escatimar esfuerzos en seguir fortaleciéndola.