Alejandro Astorga

Alejandro Astorga

Asesor Técnico y Coordinador de Proyectos en Corporación Opción

Opinión

Responsabilidad penal adolescente: no olvidemos el contexto


Para comprender en perspectiva los comportamientos que despliegan niños, niñas y adolescentes, es clave conocer el contexto particular en el cual estos se desenvuelven.

En primer lugar, los contextos en los que viven y participan los niños y niñas de nuestro país son claramente disímiles considerando su región, comuna e incluso el sector barrial dentro de esta. Y, en segundo lugar, tales diferencias no hacen más que protegerlos o fragilizarlos (según sea el caso) en su trayectoria de desarrollo emocional y social.

Es en el marco de dichos contextos que algunos niños, niñas y adolescentes participan directamente de delitos graves contra la propiedad y las personas, tales como la violación y los casos de abuso conocidos la semana pasada. Debemos considerar no solo el lamentable daño y afectación de la vida de las personas que ocasionan, sino también el importante riesgo al que se exponen para obtener bienes, acogida, reconocimiento y, en definitiva, un sentido de valor de sí mismos: una identidad.

Ante la comisión de delitos graves por parte de niños, niñas y adolescentes, las tradicionales hipótesis explicativas suelen entrarse en las “deficiencias”, “carencias” o “rasgos” que tendrían estos y por ende sus conductas no serían más que una expresión de su particular “psicopatología”. Sin embargo, considero preciso ponderar una hipótesis distinta: un número importante de niños, niñas y adolescentes de sectores de las poblaciones con las que trabajamos y que se encuentran en situaciones de vulneración de derechos, a temprana edad son acogidos y utilizados (sino explotados) por organizaciones criminales para fines delictuales y de tráfico de drogas, poniendo en riesgo la vida de terceros así como también la propia, tanto por los denominados “ajustes de cuentas” entre dichas organizaciones o bandas en el contexto territorial en que se desenvuelven, como por la acción de las policías en su legítimo actuar ante la detección de delitos flagrantes.

Lo que intento plantear es una invitación no sólo a mirar a los niños y adolescentes y sus conductas, sino también el contexto particular en que niños y adolescentes se desenvuelven. Consideremos qué obtienen del contexto que como sociedad les hemos ofrecido y qué obtienen también los adultos de estas bandas que los utilizan.

La disminución de la edad de responsabilidad penal o el aumento de penas hacia los adolescentes por sí mismo, no los hará más responsables, no disminuirá los índices de delitos, no aumentará su permanencia escolar, no disminuirá su consumo de drogas, ni hará que dejen de participar de las agrupaciones que los utilizan. Son acciones que solo operan sobre uno de los elementos (el más débil) del proceso delictivo. Son necesarias medidas de carácter sistémico mucho más complejas, diversas y siempre pensadas en el mediano y largo plazo y que operen sobre la totalidad de los elementos que hacen posible la participación de niños en hechos delictuales. Dichas medidas que los expertos en el área de la responsabilidad penal (valorando la experiencia internacional) ya conocen, pueden resultar menos efectistas mediáticamente. Lo más importante es que estas medidas, menos reactivas, son también por cierto las más respetuosas de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Es preciso en el contexto actual desarrollar una profunda y responsable discusión respecto de eventuales modificaciones a la ley N° 20.084, por cuanto la disminución de la edad de responsabilidad penal de los y las adolescentes, o el mero aumento de sanciones a estos sin considerar el contexto comunitario y barrial del que participan, no solo no evitará la comisión de delitos, sino que ante todo no favorecerá la pretensión de “reinserción social” de estos.

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