Seguridad como seguridad humana: ¿Qué hay detrás de la política del nuevo gobierno?



Por Alejandra Luneke, Universidad Alberto Hurtado, Vio-Demos; y Helene Risor, Pontificia Universidad Católica, Vio-Demos

La segunda vuelta del balotaje presidencial estuvo signada por la posición y propuestas del hoy presidente electo respecto a la violencia y los delitos. La coalición de izquierda tuvo que hacer suya la agenda de seguridad y dar mensajes claros a la ciudadanía. También, la futura vocera de gobierno, Camila Vallejos, señaló que este era un tema que siempre se le había dejado a la derecha política y que la izquierda hoy lo tiene que enfrentar con mucha fuerza y desde una perspectiva distinta: la seguridad humana. En este mensaje, la vocera fue clara en señalar que no se trata solo de  punitivismo, sino de atender a otros muchos factores que se asocian al conflicto,  la violencia y los delitos.

Para quienes nos hemos dedicado a estudiar y trabajar en este ámbito, este anuncio es una buena noticia. Por muchos años hemos alertado sobre los límites que tiene el solo control, los altos costos económicos que implica una política basada en el castigo y hemos dado evidencia sobre la ineficacia de estas medidas. Hemos advertido que la evidencia científica y experiencia comparada muestran que los recursos invertidos en políticas de carácter social y económicas son mucho más rentables en el mediano y largo plazo, que apostar solo al castigo.

Y es que, en las sociedades de estado bienestar -en las cuales la seguridad es abordada desde una perspectiva humana y centrada en el desarrollo social, económico y cultural de las personas y comunidades-, los indicadores delictuales y los hechos violentos son más bajos que en sociedades neoliberales caracterizadas por las desigualdades y la exclusión social. No es casual que –como destaca Naciones Unidas- América Latina sea la región más violenta del mundo, al mismo tiempo que es la región más desigual del planeta (UNODC, 2021).

La mirada integral que aporta un enfoque como la seguridad humana es necesaria. Pero la tarea no será fácil. No lo fue en 2004, cuando el ex Presidente Lagos impulsó una política nacional de seguridad ciudadana que trataba de equilibrar la agenda control + prevención, pero qué terminó construyendo más cárceles. Ni tampoco lo fueron las iniciativas orientadas a descentralizar la respuesta pública, impulsadas por los gobiernos de centro izquierda más tarde (como los consejos comunales de seguridad pública en 2015). Por esto es que deberemos tener claro que la preocupación por el delito y la percepción de temor llevan siempre a las autoridades políticas a privilegiar respuestas punitivas para dar señales unívocas a una ciudadanía acostumbrada a que la “seguridad” equivale a “mano dura”.

Por ello, el enfoque de seguridad humana debe convertirse en una agenda clara de trabajo de corto, mediano y largo plazo, pensado desde la realidad chilena. Una agenda que supere la hiperfocalización de los programas de prevención del delito en grupos de riesgo, que evalué los resultados e impactos de las políticas de seguridad financiadas hasta ahora y que avance a programas más integrales y universales con una fuerte perspectiva territorial. Una perspectiva que empodere a los gobiernos locales, que avance en una reforma policial sustantiva y en políticas orientadas a mejorar el sistema de justicia criminal.

Pero también la sociedad toda, y nosotras y nosotros como ciudadanas y ciudadanos, debemos tener claro que este problema no se superará en un par de años.

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