Señales de alerta por casos de corrupción

El último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que elabora Transparencia Internacional, ha traído preocupantes resultados, pues en su informe -con datos de 2022- destaca que la mayor parte de los países del mundo sigue sin combatir de lleno la corrupción. El organismo lo ilustra señalando que el 95% de los países o territorios -de una muestra de 180- solo ha conseguido avances mínimos o nulos desde 2017. Hay 43 que siguen sin mostrar variaciones por undécimo año consecutivo, en tanto que dos tercios muestran problemas graves de corrupción, con una puntuación inferior a 50 puntos (la escala de evaluación del IPC va de 0 punto, equivalente a muy corrupto, a 100 puntos, muy baja corrupción).

Dentro de ese contexto, los resultados que muestra Chile -que en el ranking general aparece con 66 puntos, ubicándose en el lugar 29- aparentan dar la señal de cierta robustez, pero al comparar con lo que ha sido la trayectoria del país en la última década lo que en realidad se observa es un inquietante estancamiento. El informe señala que si bien nuestro país continúa teniendo una posición destacada en el IPC producto de la fortaleza de sus instituciones democráticas y altos niveles de transparencia, ha experimentado una disminución significativa de su puntaje desde 2014, perdiendo su liderazgo regional. De hecho, Chile aparece en el presente reporte dentro de los países “a observar” en la región, lo que tiene lugar -según el informe- luego de varios casos de corrupción de alto impacto que involucran a políticos de todos los sectores y a instituciones relevantes, poniendo de manifiesto deficiencias estructurales en la prevención de la corrupción y su capacidad de sanción.

En la medición de 2022 Chile cae dos lugares respecto del ranking anterior, otros cuatro países nos anteceden en la región -encabezados por Canadá y Uruguay-, y es decidor que mientras en 2012 ocupábamos el lugar 20 a nivel global, a partir de ahí la trayectoria -con la excepción de algunos años- ha sido declinante.

Los datos de Transparencia Internacional ponen de relieve que Chile aún no es un país sumido en la corrupción, pero el estancamiento en que nos encontramos enciende una luz de alerta que no puede ser ignorada, especialmente tras una serie de casos de corrupción en el sector público -allí están los escándalos vinculados al millonario financiamiento de fundaciones espurias, y las graves irregularidades que afectan a varios municipios- junto con la creciente amenaza del crimen organizado y su secuela de crímenes por encargo, extorsiones y corrupción de funcionarios públicos.

Un aspecto alentador es que Chile todavía cuenta con fortalezas institucionales que en otras partes de la región -tal es el caso de Haití, Nicaragua y Venezuela- ya se han diluido. No actuar a tiempo tendrá costos altísimos, y de allí que es fundamental redoblar los esfuerzos legislativos y políticos para dotarse de legislaciones mucho más robustas y aumentos presupuestarios que fortalezcan el combate a la corrupción. El informe señala que el país podría marcar una importante diferencia si se aprueba la ley de registros de beneficiarios finales -relevante para contribuir a desarticular al crimen organizado- y se implementan las recomendaciones de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. Sería alentador si en 2024 efectivamente se lograra marcar un punto de inflexión.