SEÑOR DIRECTOR:
La Defensoría de la Niñez publicó su cuarto informe de política pública, en donde hace un seguimiento al uso que los establecimientos educativos han hecho de los procedimientos expeditos de expulsión de estudiantes posibilitados por la ley Aula Segura. Este documento muestra un aumento de un 70,6% entre el primer semestre de los años 2022 y 2023.
Considerando el contexto de la reactivación educativa y la gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que están excluidos del sistema educativo, ¿qué pasa con los 471 estudiantes expulsados el primer semestre del 2023? ¿Lograron incorporarse exitosamente a otra comunidad educativa? Asimismo, el reporte revela que tan solo el 2% de los establecimientos concentra el 11,3% de las expulsiones mediante este mecanismo, habiendo uno de ellos repetido 19 veces el procedimiento. ¿Habrán estos equipos directivos hecho todos los esfuerzos necesarios antes de llegar a esta decisión? ¿Estamos seguros de que el remedio no fue peor que la enfermedad?
Creemos que a convivir se aprende y que es responsabilidad del sistema educativo lograr que todos y todas lo logren. Expulsar a estudiantes no es hacerse cargo del problema, es simplemente desplazarlo sin hacerse cargo de sus externalidades negativas. En este sentido, estamos completamente alineados con la recientemente presentada Política Nacional de Convivencia Educativa.
Marko Bremer
Jefe de Proyectos Grupo Educativo
Sicólogo, magíster en Neurociencia Social
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