Este sábado, en la presentación de la nueva subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, el ministro de la cartera, Carlos Montes fue consultado por los dichos que realizó esta mañana la diputada Catalina Pérez (RD) y las investigaciones del Ministerio Público, tras la polémica por los millonarios convenios entre fundaciones ligadas a Revolución Democrática (RD) y autoridades de Vivienda.
Montes apuntó a la investigación que está llevando la Fiscalía de Antofagasta y evitó referirse directamente a Pérez. “Yo no voy a opinar sobre Revolución Democrática, ni sobre las declaraciones, pero sin lugar a duda hoy día hemos tenido que destinar tiempo y preocupaciones a enfrentar las acciones de algunas personas inescrupulosas de algunos delitos que probablemente se han cometido dentro del ministerio”, indicó.
Bajo esa línea, el secretario de Estado señaló que el principal objetivo de la nueva autoridad (Elgueta) es ayudar a cumplir la meta de la construcción de 260 mil viviendas impuesta por el Presidente Gabriel Boric al inicio de su mandato.
Además, señaló que la polémica con las fundaciones los desvían de ese objetivo: “Esa misma energía tenemos que estar dedicándola a enfrentar los temas de campamento, de vivienda, perfeccionar nuestros procedimientos y bueno esto nos ha quitado tiempo y esperamos que se resuelva cuanto antes”.
“Estamos trabajando con mucho rigor. Hemos hecho distintas cosas, tenemos sumario dentro del Ministerio, estamos ayudando al fiscal designado para este proceso”, añadió.
Asimismo, se refirió a las nuevas indagatorias que han surgido en los últimos días, destinadas a analizar los contratos entre fundaciones y autoridades de Vivienda. En específico, se trata de la investigación liderada por la Fiscalía del Maule por los millonarios traspasos entre la Seremi de Vivienda del Maule y la fundación Urbanismo Social. A este caso, se suma la indagatoria por un convenio entre la Fundación Comprometidos y la Seremi de Vivienda de Atacama, por un total de $ 128 millones.
Dichas investigaciones se dan luego de que en el Ministerio se encendieran las alarmas tras el caso Democracia Viva, en donde el líder de la fundación ligada a RD, Daniel Andrade, también militante del colectivo y expareja de la diputada Pérez, se viera en medio de cuestionamientos por convenios que alcanzan los $ 426 millones firmados por el Serviu de Antofagasta, en ese entonces bajo el cargo de Carlos Contreras (RD), exjefe de gabinete de la parlamentaria.
“Estamos investigando y reuniendo antecedentes preliminares en el caso del Maule y ahora en el caso de Atacama. A partir de todo esto, vamos tomando y proponiendo decisiones”, explicó Montes.
Adicionalmente, destacó que “nosotros queremos perfeccionar todo el programa que tiene que ver con los campamentos y con los asentamientos precarios, para seleccionar los proyectos, para adjudicar a instituciones, asegurar rendiciones oportunas y adecuadas”, acotó.
“Esto nos da mucha rabia porque estamos dedicando demasiado tiempo a una tarea que no debiera ser lo central, debiéramos estar dedicados a responderles a las familias que no tienen vivienda porque es la tarea”, aseveró.
El caso Democracia Viva repercutió en la salida de Tatiana Rojas de la Subsecretaría de la cartera, esto luego que se conociera que sabía de los hechos desde mayo y que no presentó los antecedentes al ministro Montes.
Por ello, la llegada de Gabriela Elgueta a la Subsecretaría de Vivienda no estuvo exenta de preguntas relacionadas a líos de platas con las fundaciones.
En medio de su presentación, Elgueta dijo que “me parece de la mayor gravedad y he visto también cómo el ministro se ha hecho cargo y que la institucionalidad del Estado en su conjunto ha estado enfrentando de manera proactiva en colaboración con la justicia. Más no puedo decir porque este es mi primer día en el cargo”.