La columna de Tamara Agnic: “Una remozada concepción de la ética”

“La corrupción atenta contra la seguridad pública y amenaza la democracia”, dijo el Presidente Gabriel Boric en su tercera Cuenta Pública. Si bien este concepto es de común conocimiento, no es menor que en uno de los principales actos republicanos se hable y se releve el tema dado las nefastas consecuencias que la criminalidad organizada trae a la sociedad.

El Presidente anunció un proyecto para establecer la cárcel efectiva en delitos denominados de cuello y corbata, en lo que sería un nuevo esfuerzo por endurecer la legislación ante actuaciones deshonestas en el ámbito económico y financiero. De hecho, uno de los puntos débiles que marcó a nuestra institucionalidad era precisamente la severidad con que se castigaban los actos corruptos, dando la impresión de que los réditos obtenidos por actuaciones desleales y corrupción no recibían sanciones penales acordes con el daño causado. La implementación de la nueva Ley de Delitos Económicos 21.595 vino a corregir esta situación, aunque resta ver aún su impacto en el largo plazo.

Algunos sectores empresariales han argumentado que la amenaza de cárcel efectiva haría menos atractiva la delación o la denuncia anónima puesto que quien lo hiciera, pese a colaborar, no extingue por completo el riesgo de cárcel. Pero esto debiera quedar subsanado por un lado por la correcta aplicación del espíritu de la ley por parte de jueces y, por otro, estableciendo mecanismos efectivos que permitan la restitución del daño provocado a través de decomisos de las ganancias ilegales y de sanciones financieras adicionales. A la corrupción se la golpea en el bolsillo que es donde importa a los corruptos.

El proyecto de ley sobre inteligencia económica busca la creación de un subsistema que integrará la Unidad de Análisis Financiero (UAF), las Unidades de Inteligencia del Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas (SNA), debería poner el acento no en la creación de nuevas estructuras, sino en la instauración de mejores relaciones y coordinaciones para detectar la actividad de lavadores. Asimismo, es urgente que se haga una efectiva trazabilidad obligatoria para sectores vulnerables, como la importación de bienes de alto valor y difícil fiscalización.

Porque la realidad es que el crimen organizado no solo opera en las sombras, sino que lo hace a plena vista del sistema financiero. Esa es la realidad: los lavadores pululan en las estructuras de empresas e instituciones a través del uso de cuentas bancarias, envíos y giros de dinero nacionales o internacionales, compra de bienes, transacciones comerciales y hasta anotaciones en notarías. Esto implica que no todo el esfuerzo del control y combate a la corrupción y la criminalidad descanse en medidas de fiscalización, sino que haya además colaboración de las empresas en materia de comportamiento y cumplimiento.

La ética no interrumpe, no limita la innovación, ni es una cruzada romántica. Las administraciones deben asumir que la ética es en sí un sistema de gestión institucional que sirve como seguro y como guía que facilita la sostenibilidad financiera y administrativa de cualquier entidad. Así, la inteligencia financiera, mejores “redes neuronales” capaces de entender las redes criminales, trabajando de la mano con una remozada concepción de lo que es la ética, debieran dar mejores resultados en lo que todos concordamos, una democracia más robusta, capaz de defenderse de la corrupción.

*La autora de la columna es presidenta de Chile Transparente y Eticolabora