Las conversaciones sobre el impuesto mundial sufren un nuevo retraso

Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, describió el primer semestre de 2023 como un plazo difícil en un informe dirigido a los ministros de Economía del Grupo de las 20 principales economías. Israel, febrero del 2022. Foto: Menahem Kahana/ AP

Los negociadores temen que el atraso pueda hundir las propuestas, ya que necesitarán la aprobación de un Congreso estadounidense dividido.


Los cambios más importantes de las normas fiscales mundiales en un siglo tardarán más de lo previsto, según afirmaron el lunes los negociadores, que se esfuerzan por alcanzar un acuerdo formal sobre cómo los países con grandes mercados de consumo podrían recaudar más ingresos por el impuesto a empresas.

Las nuevas normas, prometidas inicialmente para mediados de 2022 como parte de un acuerdo multilateral negociado bajo los auspicios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), no se completarán hasta el próximo año. Después, los países tendrán que votar para aprobarlas. El retraso aumenta el riesgo de que algunos gobiernos pierdan la paciencia con el proceso y sigan adelante con sus propios impuestos nacionales sobre las grandes empresas tecnológicas con sede en Estados Unidos, que son el principal objetivo del esfuerzo.

Para que el pacto global entre en vigor, los legisladores estadounidenses tendrían que aprobar cualquier acuerdo alcanzado por el gobierno de Biden, pero el Congreso podría estar bajo control republicano total o parcial en 2023.

El año pasado, casi 140 países acordaron una revisión de las normas que rigen la tributación de los beneficios obtenidos por las empresas que operan en más de un país. La revisión pretende permitir a los gobiernos cobrar a las empresas digitales que se benefician de los consumidores de todo el mundo, pero que no están físicamente presentes allí para vender sus servicios, a diferencia de las empresas de fabricación o de venta al por menor, por ejemplo. Este cambio económico -y la correspondiente pérdida de ingresos por el impuesto de sociedades- ha provocado frustración en las capitales nacionales, especialmente en Europa.

La propuesta, conocida como Primer Pilar, pretende transferir parte de los ingresos fiscales a los países en los que viven los clientes y alejarlos del lugar en el que la empresa cobrada tiene su sede o ubica su propiedad intelectual.

El primer pilar está vinculado a la otra parte de la reforma, el impuesto mínimo del 15% sobre las grandes empresas, conocido como segundo pilar. Éste se enfrenta a sus propios obstáculos en Estados Unidos y en la Unión Europea.

Los negociadores del grupo de países que se adhirieron en octubre esperaban finalizar este mes las normas para los cambios en los ingresos fiscales del primer pilar, pero ahora se han dado un año más.

En un informe presentado el lunes a los ministros de Economía del Grupo de las 20 principales economías, Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, describió el primer semestre de 2023 como un plazo difícil. Los ministros de finanzas del G-20 se reúnen en Bali el viernes y el sábado.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. realizó el anuncio y el retraso. “Se han hecho tremendos progresos, y el tiempo adicional garantizará que todos consigamos este acuerdo histórico”, declaró Michael Kikukawa, portavoz de la agencia.

La OCDE ha coordinado los trabajos sobre las nuevas normas desde que se propusieron hace varios años. Conseguir el acuerdo de octubre de 2021 para revisar las normas fiscales llevó años de negociaciones que a menudo parecían a punto de fracasar. Durante los últimos años de la presidencia de Trump, varios países europeos, frustrados por lo que consideraban un progreso lento, introdujeron impuestos nacionales sobre los servicios digitales que apuntaban a las grandes empresas tecnológicas. En respuesta, Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a las importaciones procedentes de Europa alegando que la mayoría de esas empresas eran estadounidenses y que los impuestos eran discriminatorios. Parecía probable una guerra comercial transatlántica.

Las negociaciones cobraron un nuevo impulso con la elección del Presidente Biden y el compromiso de la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen. El gobierno de Biden se ha centrado en el segundo pilar, el impuesto mínimo que generaría ingresos para EE.UU. Pero los dos pilares están políticamente vinculados, y el país norteamericano ha expresado su apoyo a ambos.

Ni Estados Unidos ni la UE han aprobado la legislación para aplicar el impuesto mínimo. El esfuerzo de EE.UU. está envuelto en una legislación fiscal demócrata estancada. El esfuerzo de la UE para implantar el nuevo impuesto a principios de 2024 se ha detenido por el veto de Hungría. El Tesoro de EE.UU. anunció el viernes que se está moviendo para poner fin a su tratado de impuestos con Hungría.

Las negociaciones cobraron un nuevo impulso con el compromiso de la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Foto: Leah Millis/ Reuters

Por su parte, tres legisladores republicanos clave dijeron el lunes que el Tesoro habla de la cooperación multilateral en materia de impuestos, pero que en este caso la administración hizo “un intento transparente de intimidar a Hungría para que se apresure a aplicar un impuesto mínimo global”. Los comentarios del senador Mike Crapo (republicano, Idaho), el senador James Risch (republicano, Idaho) y el representante Kevin Brady (republicano, Texas) demuestran el reto que supone conseguir que cualquier parte de la agenda fiscal internacional de Biden pase por el Congreso.

La Ocde afirmó que el retraso en la revisión de las normas del impuesto de sociedades se debe a las dificultades imprevistas que supone la creación de una forma totalmente nueva de evaluar las obligaciones fiscales y el abandono de principios centenarios.

“El primer pilar es revolucionario en su concepto y las negociaciones en curso siguen siendo justificadamente intensas para llevar a la práctica el acuerdo alcanzado el mes de octubre”, escribió Cormann.

Pero Cormann reconoció que el retraso supondrá una decepción para los gobiernos que llevan tiempo buscando cambios en las normas.

“Es importante equilibrar el interés político de una rápida aplicación con la necesidad de finalizar adecuadamente el diseño de nuevas normas innovadoras destinadas a durar décadas”, explicó Cormann.

Con las nuevas normas, Estados Unidos perdería los ingresos que podría recaudar de las empresas tecnológicas, que pagarían en Europa. Pero Estados Unidos podría recaudar más impuestos de las empresas con sede en el extranjero que venden a los consumidores estadounidenses y de las empresas farmacéuticas con sede en Estados Unidos que contabilizan sus beneficios de las ventas del país en jurisdicciones extranjeras.

Más allá del aviso de Cormann sobre el retraso, el informe del lunes incluye los detalles técnicos propuestos del acuerdo fiscal del primer pilar. Un funcionario del Tesoro de EE.UU. advirtió que éstos reflejan el estado actual de las conversaciones, y no nada que el país norteamericano u otros países hayan acordado formalmente, aparte del retraso en el calendario. El objetivo de la publicación de los detalles es solicitar respuestas de las empresas y los legisladores en los próximos meses, comentó el funcionario.

Para esto, la Cámara de Representantes y el Senado tendrán que aprobar los cambios legislativos, y eso podría requerir la cooperación bipartidista. Los republicanos han argumentado que no se les ha consultado lo suficiente durante las conversaciones y que no disponen de datos que respalden la afirmación del gobierno de que el acuerdo probablemente sea neutral en cuanto a ingresos para los Estados Unidos.

En las conversaciones sobre el Primer Pilar, comentó el funcionario del Tesoro, Estados Unidos ha estado insistiendo en un método de reasignación de beneficios a través de las fronteras que pondría la primera obligación de renunciar a los ingresos en aquellos países donde las empresas tienen altos beneficios en relación con sus activos y empleados. Y ha intentado evitar que los beneficios se reasignen dos veces.

En general, Estados Unidos está satisfecho con el estado de las normas que prevén excepciones para los servicios financieros y las industrias extractivas, sostuvo el funcionario.

Sin embargo, los negociadores temen las consecuencias de incumplir el nuevo plazo de 2023. Si las conversaciones se estancan de nuevo o queda claro que el Congreso no aprobará un acuerdo internacional, el resultado podría ser una batalla campal mundial, en la que algunos gobiernos impongan impuestos novedosos y descoordinados, y otros respondan con sanciones comerciales.

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