La trayectoria de la deuda se está convirtiendo en el nuevo talón de Aquiles de la economía chilena, y así lo hizo patente Fitch al rebajar la clasificación de riesgo de A a A-.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) también lo tiene muy claro y por ello ha centrado su trabajo en diseñar un modelo que permita perfilar cuál es el techo de deuda que puede sostener el país sin arriesgar su spread de riesgo que terminaría afectando el crecimiento. Por lo mismo, ayer tras una reunión, el consejo emitió un comunicado reaccionando a la decisión de Fitch e insistiendo en la necesidad de caminar hacia la convergencia fiscal: “Si bien el Consejo considera que las desviaciones respecto de las metas fiscales se justifican por la crisis que enfrenta el país, a la vez estima imperioso el que se establezca una senda creíble de consolidación fiscal una vez concluida la crisis sanitaria. Esto requiere voluntad y consenso político y también un reforzamiento de la institucionalidad fiscal”.

Para ello, el CFA sostuvo que se deben revertir efectivamente las medidas transitorias aplicadas para mitigar el impacto del Covid, y que se deben buscar recursos permanentes para medidas sociales permanentes.

El consejo admite que los últimos acontecimientos han elevado la tensión fiscal provocando mayores déficits fiscales y un aumento sostenido de la deuda pública, lo cual llama a corregir: “De acuerdo al consejo, la reversión de los desequilibrios fiscales podría requerir tanto una reducción del gasto público, como una mayor recaudación fiscal, la que puede tener su origen a través de un mayor crecimiento económico y/o un aumento de la carga tributaria”. Asimismo, plantea su confianza en que en el proceso constitucional se genere una sólida institucionalidad fiscal.

Por ahora el CFA está revisando sus proyecciones presentadas en el último informe ante el Senado. En aquella oportunidad plantearon que el margen de deuda bruta sostenible para el país sería de 45% del PIB y esbozaron distintos escenarios a partir de un modelo diseñado con la Ocde. En su escenario base sugerían una ruta para llegar a 2024 con un déficit estructural de 0,5% del PIB para no superar el techo de deuda señalado.

Para ello en 2021 y 2022 los déficits debían ser de 4,1% y 2% del PIB, los que no se cumplen en el escenario base del Informe de Finanzas Públicas (IFP) presentado por el Ministerio de Hacienda en el marco del proceso presupuestario. “Se debe señalar que en el IFP, la Dirección de Presupuestos planteó como metas, déficits estructurales de 4,7% y 3,9% del PIB para 2021 y 2022, respectivamente. Estas metas se encuentran en niveles deficitarios por sobre los supuestos del escenario base del CFA y serán materia de evaluación en nuestros próximos informes”, recalcó en el seminario Ocde, el gerente de estudios del CFA, Mario Arend.