Legitimidad del sistema de pensiones: no solo un asunto político

La discusión respecto a la legitimidad del sistema de pensiones ha permanecido durante mucho tiempo en un segundo plano. Los técnicos, y en particular los defensores del actual esquema, sugieren que lo único relevante es aumentar las pensiones, que el resto es ideología y que el desprestigio del sistema radica únicamente en la desinformación de la ciudadanía.

Una entrevista dada por el Gerente General de una AFP en abril del presente año ilustra esta tendencia. En ella, señaló que "la legitimidad del sistema de AFP tiene que ver con que las pensiones sean buenas" y, al ser consultado por qué cree que predomina la idea de "ni un peso más a las AFP", contestó "porque se ha ideologizado el debate y porque hay mucho desconocimiento. Eso permite que se instalen verdades a medias o se digan mentiras directas para atacar a las AFP". Un par de meses después, el Gerente General de otra AFP planteó que las administradoras podrían haber hecho más, "explicando el sistema y cuáles son las responsabilidades que tienen las AFP y las personas en el sistema (…). Para cualquier persona informada, las bajas pensiones no son responsabilidad de las AFP".

Así, para quienes defienden el actual sistema, más que un problema de legitimidad, se trata de un asunto ideológico que debiese ser superado en el debate a través de más información.

Esta premisa no sirve para avanzar en la urgente tarea de reformar nuestro sistema de pensiones. Cualquier institución requiere de legitimidad para su buen funcionamiento y el sistema de pensiones no es una excepción.  La legitimidad de las instituciones tiene también importantes implicancias prácticas. En cualquier sistema ilegítimo, sus usuarios contribuyen menos a su funcionamiento. En pensiones, existe menos voluntad de ahorrar (cuando esto es una posibilidad) y los trabajadores independientes sienten un menor compromiso por integrarse al sistema. Se dificulta, además, la posibilidad de realizar ajustes necesarios porque corregir un sistema ilegítimo es interpretado como una profundización del abuso.

Todo lo anterior cobra aún más relevancia cuando consideramos que los sistemas de pensiones necesariamente deben plantearse con una mirada de largo plazo. Un sistema ilegítimo no sobrevive 40 años sin crisis que pongan en jaque sus objetivos. Así, que el sistema goce de legitimidad es de primera importancia, no solo por razones democráticas, sino que también para asegurar el cumplimiento de sus propósitos.

¿Cuál es la base de la falta de legitimidad del sistema actual de pensiones? Señalar la desinformación es una respuesta fácil pero errada. Las multitudinarias movilizaciones que hemos visto en los últimos años han dado a entender que el problema va más allá del monto de las pensiones. Como muestra un documento publicado por Espacio Público, existe una demanda por mayores pensiones, pero también por mayor solidaridad, seguridad social y protagonismo del Estado. Además, hay una sensación de engaño producto de la promesa incumplida realizada al momento de su implementación, así como también problemas por su origen dictatorial. Esto complementa una sensación de abuso por parte de las AFP, y una demanda por mayor participación en la administración de los fondos. El asunto es más complejo de lo que parece.

La legitimidad merece atención en la discusión de la reforma, pues su importancia es tanto política como técnica.