Según un estudio sobre financiamiento fiscal, elaborado por la Contraloría General de la República, el año pasado el Estado invirtió US$ 2.297 millones ($ 1.543.751 millones o $ 1,5 billones) en educación superior. Este presupuesto, que creció un 10,6% respecto a 2014, equivale al 4,2 % del gasto del gobierno central.

El informe también revela que en el sistema hay 10 instituciones que concentran el 43,9% de estos recursos y que de ellos, ocho son privadas y sólo dos estatales (ver infografía).

Las únicas universidades del Estado que están entre las top 10 son la U. de Chile ($ 150.000 millones) y la U. de Santiago ($ 60.000 millones), las que sumadas tienen el 13% del total de fondos entregados por el fisco para financiar a las instituciones y a los estudiantes.

Así, los ocho planteles privados que más recursos reciben en el sistema de educación superior concentran el 30% de los aportes.

Para el rector de la U. de Chile y presidente del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), Ennio Vivaldi, "estas cifras demuestran que en Chile cuando se habla de la provisión mixta esta no es tal porque ha habido un descuido del Estado para con sus universidades".

Vivaldi enfatizó que "el Estado no puede seguir entregando a sus universidades plata por alumno. Ese razonamiento está bien para un sistema de venta de títulos profesionales, pero no para universidades a las que se les da un rol en el desarrollo del país".

Al considerar los tipos de instituciones, en el financiamiento estudiantil cada universidad privada del Consejo de Rectores (Cruch), agrupadas en el G9, recibe en promedio $ 24.196 millones. En tanto, cada plantel estatal obtiene $ 15.697 millones en promedio; y las Ues. privadas fuera del Cruch, acceden en promedio a $ 10.353 millones cada una.

Respecto del financiamiento a instituciones, también las del G9 son las que acceden a mayores aportes en promedio: $ 21.348 millones, mientras que las estatales reciben $ 16.614 millones y las privadas $ 550 millones

Aportes a oferta y demanda

El estudio también muestra que el 68,6% de los aportes fiscales para la educación van a financiamiento estudiantil, mientras que el 31,4% es entregado directamente a las instituciones.

Esta forma de distribución ha sido cuestionada por los estudiantes y también por los rectores, quienes consideran que con la reforma a la educación superior se deberían incrementar los aportes basales a las casas de estuidos.

El investigador de la U. Diego Portales, José Joaquín Brunner, planteó que "no son buenos los extremos, si todos los aportes fueran a las instituciones estaríamos ante una gratuidad universal y lo opuesto sería que los recursos se entregaran completamente a los estudiantes. Debe haber un equilibrio".

El rector Vivaldi añadió que "la forma como se presenta el aporte a la demanda (a los estudiantes) deja la impresión de que los alumnos eligen y eso es falso, porque están obligados a optar por universidades privadas en base a sus puntajes, que dependen del tipo de educación que han recibido en la enseñanza media".

El vicepresidente del Cruch y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, explicó que la forma en que se ha entregado el financiamiento fiscal a la educación superior, priorizando la demanda, "ha promovido un sistema desregulado y con bajos estándares de calidad, porque la cantidad de estudiantes que una institución matricula han terminado siendo clave para el financiamiento, dejando de lado la calidad del servicio y poniendo en riesgo que esos dineros no hayan sido destinados a educación".

La metodología utilizada por el estudio de Contraloría no es compartida por algunos expertos, quienes argumentan que se muestra un alto volumen de aporte a las universidades privadas, CFT e IP, lo que se explicaría -según el documento- fundamentalmente por el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Para Brunner "es un mal cálculo decir que esos recursos lo reciben las universidades privadas directamente, porque si bien un sector amplio de jóvenes que obtiene CAE asiste a instituciones privadas son ellos quienes que en realidad reciben ese préstamo y que finalmente ellos mismos pagan al finalizar sus carreras".

Según el investigador de la UDP, "lo correcto sería calcular cuánto es el monto del subsidio que efectivamente el Estado ha debido entregar, descontando los pagos de los estudiantes".

En tanto, el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, explicó que "es importante distinguir entre los aportes a las instituciones y lo que va a los estudiantes mediante becas y créditos". Si se consideran los primeros, dijo, "las universidades estatales son las que más fondos basales reciben".

Y agregó que se debe considerar también que "el CAE es, junto con las becas, un aporte que permite a los estudiantes elegir donde estudian". Y añadió que "no es correcto relacionar los recursos del CAE con determinadas universidades privadas, porque lo correcto es entender que se trata de aportes a los estudiantes para escoger donde estudiar".