El gobierno de Bolivia y la oposición han trasladado su disputa por el intento del Presidente Evo Morales de buscar una nueva reelección hasta la OEA y su órgano de derechos humanos, la CIDH. Esto, debido a que los legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) pidieron al Tribunal Constitucional de Bolivia declarar ilegales varios artículos de la Constitución y de la ley de Régimen Electoral que impiden a Morales -quien ya lleva tres periodos- buscar la reelección en 2019. Uno de los argumentos esgrimidos es que la restricción viola los derechos humanos del mandatario, lo que resulta escandaloso.

Llama la atención que Morales insista en mantenerse en el poder pese a que la propia Constitución de 2009 -promulgada por él mismo- le prohíbe postularse a una nueva reelección. Y sobre todo, teniendo en cuenta que la consulta de febrero de 2016 -a la que convocó para conseguir aprobar una reforma constitucional que le permitiera mantenerse en el poder hasta 2025- dejó claro el rechazo de la ciudadanía a esa posibilidad. El "No" triunfó con el 51,3%.

Este afán de buscar artimañas para perpetuarse en el gobierno es un duro golpe al proceso democrático boliviano, y los organismos internacionales -lejos de prestar atención a esta absurda pretensión de Morales- deben estar alertas para impedir que pueda gestarse otro modelo al estilo chavista, donde la institucionalidad termina completamente subordinada a los caprichos del gobernante.