A un día del suceso que encendió las alarmas de la Fiscalía, Carabineros y la Municipalidad de Las Condes, esta mañana el fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros entregó detalles del artefacto explosivo que se encontró en las afueras del edificio donde opera el Grupo Angelini, en el sector de El Golf.
“Lo que puedo decir por ahora es que era un artefacto explosivo, efectivamente, y que era de alto poder de destrucción. No era el típico artefacto explosivo que encontrábamos habitualmente con pólvora negra, sino que de un alto explosivo”, señaló el persecutor en diálogo con Radio ADN.
Sin embargo, no profundizó en otro tipo de detalles, pues explicó que -para este caso- “la lógica de trabajo que hemos tenido con los equipos especializados de OS9, el Gope y Labocar de Carabineros es no referirnos mucho en los primeros momentos al aparato concretamente”, ni tampoco a sus “particularidades”.
El fiscal Barros, no obstante, respecto al poder de destrucción afirmó que “este artefacto lo podemos comparar más que nada con el artefacto enviado al exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter”, el 25 de julio de 2019.
Según señaló, este “es de un poder de destrucción mayor”, mientras que los explosivos que se han llevado a juicio en otros casos “son artefactos hechos en base a pólvora negra, mucho más artesanal y menso sofisticado”.
Durante el diálogo, también reconoció que este tipo de investigaciones son “siempre de largo aliento” y aludió a la condena que se conoció el miércoles -un día antes de que se reportara la bomba en Las Condes- y que sentenció a 45 años y un día de cárcel a Camilo Gajardo Escalona, considerado culpable del envío de encomiendas explosivas a diversos puntos de la Región Metropolitana entre 2017 y 2019.
“La investigación del juicio que acaba de determinar, la sentencia de esta semana, solamente respecto a un hecho que estábamos llevando a juicio comenzó el año 2017, y lo detuvimos recién en 2019″, detalló el fiscal Barros.
Y es que, según explicó, se trata de “personas que son de un perfil muy difícil de determinar, son sujetos que trabajan en la oscuridad básicamente y con muy pocos nexos y recursos, entonces son muy difíciles de pesquisar”.
En ese marco, consultado por la posibilidad de que la instalación de la bomba en Las Condes tenga relación con la condena a Gajardo Escalona, el fiscal Barros indicó que aún no emitirán un juicio al respecto, ya que recién se están llevando a cabo las pericias.
Sin embargo, comentó que “esto se enmarca en los movimientos básicamente anarquistas, entonces cada vez que hay detenciones y periodos de celebración de algunas detenciones aparecen las colocaciones de estos artefactos explosivos”.
“Para nosotros es habitual tener este tipo de respuestas. En este caso, nosotros todavía no vamos a emitir un juicio concreto y definitivo porque estamos recién comenzando con el tema de las pericias”, complementó.
“En Chile no tenemos una Ley Antiterrorista que nos sirva para poder procesar o enjuiciar este tipo de casos”
Si bien el persecutor destacó que se han obtenido buenos resultados en la persecución de este tipo de delitos sobre la colocación de bombas, reconoció que las sentencias se enmarcan en la Ley de Control de Armas, y no en la Ley Antiterrorista.
“Hemos tenido muy buenos resultados en la persecución penal, son investigaciones mucho más largas de las que habitualmente estamos acostumbrados a ver”, declaró.
“En el caso de Camilo Gajardo, son una serie de hechos que finalmente llegan a una pena de 45 años y que llegamos a esa pena, además, porque estamos operando en la vía de la ley de armas, porque en Chile no tenemos una Ley Antiterrorista que nos sirva para poder procesar o enjuiciar este tipo de casos”, enfatizó.
En esa línea, señaló que “en cualquier parte del mundo estas conductas que se ven son terrorismo”, pero que “acá en Chile es ley de armas”.
“Efectivamente esto es una conducta terrorista, el problema es que no tenemos una ley que esté adecuada a los tiempos”, remarcó el fiscal Barros.