Las rutas y el funcionamiento del tráfico de inmigrantes en Chile

Catorce de febrero de 2012. Día del amor. Juana Aduvire Quenta (28) pensó que la fecha, tal vez, no era coincidencia, que algo bueno estaba por pasarle. "Veníamos a trabajar en una cosecha de ciruelas, porque la oferta era muy conveniente", declaró más tarde la ciudadana peruana al fiscal de Santa Cruz, Víctor Bobadilla.

Esa tarde, ella y sus otros 42 compatriotas, todos oriundos de Tacna, viajaron en bus hasta Arica, a través del paso fronterizo de Chacalluta. Dos meses antes, cerca de su casa, un peruano llamado Alberto Ticona les había prometido un pago diario de US$ 30 dólares, más traslados, alojamiento y alimentación.

Una fortuna para Juana, pero que resultó ser una gran mentira. El fiscal Bobadilla acreditó que el empresario chileno Eugenio Mujica (71) estaba coludido con Ticona, que meses antes viajó a Tacna y luego ingresó a los peruanos en calidad de turistas.

"Facilitó su entrada ilegal para obtener mano de obra barata para su predio, donde (los peruanos) estuvieron en condiciones deplorables, con hambre y frío", expuso el persecutor ante el Tribunal Oral de Santa Cruz, que el 12 de marzo pasado condenó al empresario a tres años de presidio remitido y a una multa de 72 UTM ($ 2.800.000) por tráfico de migrantes.

Este delito, así como la trata de personas, experimentó un giro en Chile, en 2011, tras la promulgación de la Ley 20.507, que tipifica y diferencia estos ilícitos. Las organizaciones que los cometen también modificaron sus formas de operar.

Se trata de un fenómeno diferente de la creciente inmigración autorizada hacia Chile, que, según Extranjería de la PDI, este año registra un aumento de 46,8% en las visas otorgadas, respecto de 2012.

Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior, ratifica la situación. "Casi todas las redes de trata de personas, que durante los últimos dos años hemos descubierto, han pasado por Perú. Eso no quiere decir que sean ciudadanos peruanos. Sabemos que ciudadanos de República Dominicana y Haití llegan en avión hasta Ecuador, pasan a Lima y desde allí entran ilegalmente a Chile", dice respecto de este ilícito, que abarca tanto la explotación laboral como sexual.

Agrega que "en esas rutas son ayudados por individuos que reciben pagos. Hoy día, principalmente, entran por el tema laboral a trabajar en empresas donde los contratan a sueldos bajos y en condiciones inhumanas".

Mauricio Fernández, director de la unidad de lavado de dinero, delitos económicos y crimen organizado, de la Fiscalía Nacional, destaca que "se trata de fenómenos crecientes y complejos, que involucran a muchos países, y que operan dentro y fuera de nuestras fronteras".

Fernández alude a los "coyotes", bandas bautizadas de esa forma en EE.UU., las que -previo pago- transportan a escondidas a inmigrantes ilegales. Sólo que, en su versión chilena, operan tanto en aeropuertos como en pasos fronterizos no habilitados en el norte. Según Fernández, "el desarrollo y estabilidad económica convierten a Chile en un polo de atracción de personas de otros países, pero que, muchas veces, por su situación de vulnerabilidad, terminan siendo víctimas de engaños y cayendo en una verdadera esclavitud moderna".

El reciente caso surgido en la VI Región, donde 64 bolivianos fueron encontrados trabajando irregularmente en la empresa Paola Espinoza Limitada, no sólo derivó en la formalización de seis personas vinculadas a la firma, por presunto tráfico y trata. También encendió la alarma pública sobre el tema.

DESDE COCHABAMBA

Un reporte de la Fiscalía Nacional muestra que, entre abril de 2011 y marzo de 2013, hubo 35 casos de tráfico de inmigrantes y 57 de trata de personas, 46 de los cuales tenían fines "sexuales" y 11 "laborales". Estos hechos han afectado a, al menos, 311 extranjeros.

Entre los últimos casos aparece la investigación de la Fiscalía del Maule, que involucra a los bolivianos reclutados en 2012, en Cochabamba, por la empresa Paola Espinoza Limitada. Estos fueron llevados en bus hasta Iquique y luego trasladados a la VII Región, donde la policía constató que trabajaban de obreros y vivían en tres casas, con apenas dos baños. "Sólo me han cancelado una parte del sueldo de febrero, correspondiente a US$ 550 y no los US$ 700 ofrecidos. Los meses de marzo, abril y mayo aún me los deben. Sólo nos dan adelantos los sábados, de $ 10 o $ 20 mil para útiles de aseo", relató a la fiscalía Martín Chocllo.

En Molina, por ahora, los bolivianos esperan que se resuelva su situación para ver si seguirán trabajando o regresarán a su país. "Nos gustaría seguir, acá ganamos entre $ 250 mil y 700 mil, según la experiencia, bastante más que el sueldo mínimo chileno", apunta Cristian Rocha.

Otro caso indagado afectó, a comienzos de 2011, a 42 ciudadanos paquistaníes, a quienes, a través de una agencia de viajes, les prometieron visas para venir a Chile y luego pasar a EE.UU. y Canadá.

La Fiscalía Occidente y la PDI acreditaron que todos pagaron US$ 15 mil en Islamabad, capital de Paquistán, y que, una vez en el aeropuerto de Santiago, eran llevados en bus a Iquique. "Terminaban como cargadores o vendedores en la Zofri", detallaron desde la PDI.

Una de las víctimas, de iniciales A.T., declaró que "dos veces me golpearon (...) y me amenazaron con romperme las piernas si seguía preguntando por Canadá".

Por estos hechos, el Primer Juzgado de Garantía de Santiago condenó a tres paquistaníes, que coordinaban en Santiago esta operación, a 283 días de cárcel efectiva. Finalmente, fueron expulsados del país.

Una experiencia similar vivieron en 2010 ciudadanos chinos, que fueron reclutados en Shanghai por una organización -con contactos en Santiago - bajo la promesa de ingresarlos a EE.UU., previo paso por Argentina. Según el inspector Mauricio Luque, de la Brigada de Trata de Personas de la PDI, "ésta es una de las estructuras más complejas que hemos detectado". La indagación reveló que el "servicio" incluía llevarlos al país vecino, a través de un paso cordillerano, escondidos dentro de un bus.

Las bandas dedicadas al tráfico de migrantes, según la fiscalía, pueden ganar desde US$ 1.000 ($ 490 mil) hasta US$ 3.000 ($ 1.470.000) por cada ilegal ingresado a Chile.

El fiscal Emiliano Arias, coordinador de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas, dice que "hemos visto un importante flujo de ciudadanos que son contactados en sus países por agencias o grupos criminales, que les prometen mejores condiciones laborales. Luego, empleando un contacto falso en Chile, les entregan una carta de invitación que acredita que están de paso".