Columna de Daniel Matamala: Mapuches millonarios



Uno de los episodios más recordados del programa de sátira televisiva Plan Z es “Mapuches millonarios”.

Su genio consiste en una simple inversión de la jerarquía social: un mundo en que los mapuches se mueven en limusinas, y tratan desdeñosamente a los empleados -rubios y de piel clara- de sus mansiones. Todo, tomando prestada la música de “Dallas”, la serie ochentera sobre una familia de magnates petroleros, sólo que intervenida con el sonido de trutrucas.

El chiste se cuenta solo, no hay nada que explicar. Cualquiera que viva en Chile sabe que, después de dos siglos de despojo y discriminación hacia los pueblos originarios, lo allí mostrado es absurdo, ridículo, impensable.

Recordé esos sketch esta semana, cuando líderes de opinión comenzaron a hablar, muy seriamente, de un mundo que recuerda al de Plan Z. Para el senador Manuel José Ossandón, los convencionales “transformaron a los pueblos originarios en ciudadanos de primera clase, y los chilenos que no son de pueblos originarios, son de segunda clase”.

René Tapia, abogado de Libertad y Desarrollo, argumenta que en el proyecto de nueva Constitución los pueblos indígenas adquieren una “categoría superior y privilegiada”.

Pablo Ortúzar, un antropólogo habitualmente lúcido, dice que “el chileno será un ciudadano de segunda categoría en su propio país”. Titula su columna “La Constitución del privilegio”, en contraste con la actual, que consagra “la igualdad básica ante la ley”.

Por cierto, es debatible si el proyecto de nueva Constitución acierta o no al establecer la plurinacionalidad, los sistemas de justicia o los escaños reservados. Todo eso es discutible. Pero es absurdo pensar que hoy en Chile existe igualdad solo porque la Constitución así lo dice, y que esa idílica equidad se rompería, y los pueblos originarios pasarían a ser “privilegiados”, si se aprueban algunas medidas para reparar la discriminación que han sufrido por siglos.

Es la diferencia entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva. Hoy, claro, la Constitución asegura que “en Chile no hay persona ni grupos privilegiados”. Pero todos sabemos que sí hay desigualdad y privilegios, en todos los ámbitos de la vida.

Un solo dato al respecto: en Chile hay 95 González por cada Larraín, pero ambos apellidos han tenido casi la misma cantidad de miembros en la historia del Congreso (110 contra 107). La misma gigantesca sobrerrepresentación tienen otros apellidos ilustres, como Errázuriz. Esos han sido los verdaderos “escaños reservados” del Chile republicano.

Según el rector Carlos Peña, la igualdad sustantiva es un principio que “atraviesa toda la carta” constitucional, intentando remediar la histórica discriminación contra grupos como las mujeres, los pueblos indígenas o las minorías sexuales.

Entonces, ¿qué tan “iguales” son los pueblos originarios, no en el papel, sino en la realidad?

Partamos por un estudio del PNUD, que mide los apellidos más comunes en las carreras de mayor prestigio social: lideran los Matte, Délano y Zegers. En el otro extremo de la pirámide social, los 50 apellidos más comunes en Chile sin profesionales en esas carreras son, todos, sin excepción alguna, de pueblos originarios: Melinao, Curihuinca, Huenupi, Hualquimil, Yevilao… Por cierto, la ley no les prohíbe ejercer como médicos o ingenieros, pero en la vida real su acceso a esos puestos ha estado restringido.

Según Casen, el déficit de acceso a servicios sanitarios básicos es casi el doble entre indígenas (13,2%) que entre no indígenas (7,2%). Las familias con viviendas de calidad “aceptable” son menos entre los pueblos originarios (76,6% contra 87,6%). El ingreso del trabajo promedio del hogar, mucho menor ($582.081 a $763.052). El acceso a isapres, apenas la mitad (8,0% a 16,3%), etcétera.

La Araucanía es la región más pobre por ingresos del país (17,4%, contra 10,8% de promedio nacional), y las diez comunas con mayor tasa de pobreza tienen alta población mapuche o aymara: Alto Biobío (28,93% de pobres), General Lagos, Curarrehue, Galvarino, Ercilla, Chol Chol, Carahue, Camarones, Camiña y Lonquimay.

En Santiago, Cerro Navia y La Pintana son las comunas con mayor porcentaje de población mapuche y están, también, entre las más pobres y con menor esperanza de vida de la capital (en mujeres, 73 años en Cerro Navia, y 71 en La Pintana). Una mujer de Las Condes o Providencia tiene una expectativa de vida de 84 años, la misma de Noruega. Su compatriota de Tirúa, apenas 68 años, como en Namibia. Si es de Lumaco, 67, igual que en Pakistán.

Con todos estos datos a la mano, ¿puede alguien sostener que, de aprobarse el proyecto de Constitución, los pueblos originarios pasarían a ser de “primera clase”? Quienes lo afirman, ¿estarían dispuestos a intercambiar su posición social con la de los supuestos “privilegiados”? ¿Aceptarían que sus hijos tuvieran el mismo acceso a salud y vivienda, las mismas expectativas educativas y laborales, el mismo futuro económico, que un “privilegiado” niño mapuche de Ercilla, Lumaco o La Pintana? ¿Que su esperanza de vida ya no fuera noruega, sino pakistaní?

El senador Manuel José Ossandón Irarrázabal, hermano de la diputada Ximena Ossandón Irarrázabal, padre del exconvencional Manuel José Ossandón Lira, tío de la concejala Bernardita Paul Ossandón, y hermano del exvicepresidente de RN Roberto Ossandón Lira, ¿puede sostener que su familia pasaría a ser “de segunda clase” ante una familia de Galvarino, Alto Biobío o Cerro Navia?

El truco es conocido. En todo el mundo, políticos populistas esconden sus propios privilegios azuzando a la población contra la amenaza del “otro”, el más pobre y discriminado: el inmigrante, el miembro de una minoría sexual, el indígena.

Quienes hablan tan livianamente de privilegios, podrían revisar esos viejos capítulos de “Mapuches millonarios”, y reflexionar por qué, en un país supuestamente “igual”, ese sketch sigue causando una mezcla de risa, culpa y profunda incomodidad ante la sociedad que hemos construido.

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