A la luz de lo que uno puede ver es difícil gobernar. Varias razones dan cuenta de su complejidad: la sociedad es cada vez más demandante, internet y las redes sociales han exacerbado la emocionalidad en desmedro de la necesaria racionalidad, pero especialmente porque en esta época de indignados vociferantes se ha perdido la noción misma de lo que significa conducir políticamente un país y la razón que justifica la existencia del gobierno democrático.
La provisión de aquellas necesidades comunes, que requieren de la respuesta uniforme que solo puede dar el Estado, es lo que legitima el poder y capacidad de decisión que se confieren al gobernante. Esas soluciones, como la seguridad interior y exterior, la provisión de reglas generales y obligatorias que ordenan las relaciones sociales, así como la conducción de la burocracia que hace posible las funciones anteriores, se hace siguiendo determinados valores, cuya definición, jerarquía y contenido, admiten distintas concepciones, diferencias que conforman la esencia de las opciones políticas y la manera en que se gobierna. Entre otras cosas, el gran valor de la democracia es que permite dirimir pacífica y periódicamente esos desacuerdos.
Simplificando todo lo que es posible, la política moderna y, por ende, la concepción del gobierno, se divide entre los que creen que los gobernantes pueden definir cómo deben vivir las personas y los que piensan -pensamos- que solo debe crear y garantizar las condiciones que permitan a cada uno intentar la realización de su propio proyecto de vida, dentro de la condición esencial del respeto a las opciones de los demás.
Gobernar no es la mera denuncia de las injusticias, por más ardiente e histriónica que se haga. Allí donde la violencia del crimen coarta las oportunidades, el gobernante tiene el deber de reprimir y remover eficazmente ese obstáculo; cuando la pobreza impide el ejercicio de una vida digna, está llamado a generar las condiciones para que se produzca la riqueza y para que su acceso a ella dependa del esfuerzo y talento que cada uno coloca; allí donde hay desigualdades el gobernante debe trabajar para que ellas solo sean producto de la capacidad y esfuerzo individual, intentando eliminar las que derivan de factores externos, que se consideran injustas, como lo es, por definición, cualquier transgresión del principio de igualdad ante la ley.
Supongo que en los próximos días en La Moneda se harán los últimos ajustes a la cuenta que el Presidente de la República dará el sábado. Si nos atenemos a la concepción señalada, nuestro gobernante debiera responder si, luego de los últimos dos años, en Chile ¿hay más seguridad, más progreso y más justicia?
Diga lo que diga, no podrá evitar el hecho objetivo de que la respuesta a cada una de esas interrogantes es un rotundo no. Es que, como dice el socialista Felipe González, ex presidente del gobierno español: “no es lo mismo estar en el gobierno que gobernar”. Los chilenos han comprobado en carne propia lo certero de su afirmación.
Por Gonzalo Cordero, abogado
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