Columna de Pablo Ortúzar: Pluriproblemas



Desde el año 2019 todas las instituciones de nuestro país y sus supuestos fundamentales han sido puestas a prueba. Nada de lo que se tenía por seguro hace pocos años hoy mantiene esa solidez. El mundo de ayer ha sido desbaratado por todos sus flancos.

Ahora le toca el turno a la comida. Y ninguna unidad política es mejor que su matriz alimentaria. Grandes imperios sucumbieron, en el pasado, ante la interrupción de suministros o ante años de cosechas malogradas. La pregunta por el pan, la misma que Kropotkin propusiera a Lenin en los inicios de la revolución rusa, siempre merece la mayor atención.

Lamentablemente, nuestra situación es muy complicada. Chile es un país golpeado, al mismo tiempo, por el cambio climático, la pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis política y social interna. Y la escasez de alimentos es una fuerza arrolladora, como un tsunami, que barre con todo en la medida en que el fenómeno se agudiza.

Por lo mismo, hay que celebrar que el gobierno de Gabriel Boric haya creado una comisión de seguridad alimentaria que entregará un diagnóstico en julio. Pero hay que decir también que actuaron tarde, y eso tiene consecuencias. Otros países ya arreglaron contratos para aprovisionarse de fertilizantes, ante la incertidumbre mundial, tal como se hizo con las vacunas contra el Covid. Y Chile, a diferencia de lo que ocurrió con las vacunas, ya quedó a la cola con los fertilizantes.

Ahora, ese es sólo uno de los temas vinculados a la producción de alimentos sobre los que habrá que tomar decisiones estratégicas con mayor celeridad. El proyecto constitucional, para empezar, abre dos frentes muy problemáticos para la seguridad alimentaria en Chile: el de la propiedad del agua y el de la reclamación de tierras por comunidades indígenas. El tránsito desde el actual régimen de derechos de agua a un régimen de “autorizaciones de uso” administrado por una “Agencia Nacional del Agua” es todo menos claro, lo que obviamente afecta la inversión agrícola.

Por su parte, las normas del borrador relativas a la reclamación de tierras por grupos indígenas, vuelve enormemente insegura la propiedad agrícola -desincentivando también la inversión- justamente en las zonas que son claves para la producción de trigo y cereales: Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Para peor, la mayor parte de tierras que son traspasadas a las comunidades dejan de ser productivas, ya que su régimen de propiedad hace imposible desarrollar una agroindustria indígena.

¿Cómo hacernos cargo de las demandas históricas respecto del agua y la reparación indígena, pero sin dañar la matriz alimentaria de Chile? Es necesario responder pronto esta pregunta, y el gobierno -jugado por entero por el Apruebo- no puede simplemente ignorarla. No es razonable que el Presidente y su equipo destruyan con una mano lo que dicen querer construir con la otra.

Del mismo modo, es imperioso recuperar el control de la Macrozona Sur. El terrorismo etnonacionalista mapuche y la operación de otros grupos criminales están incendiando el granero de Chile. El combate frontal contra estas organizaciones y la protección de las siembras debe ser una prioridad transversal.

Finalmente, como han subrayado varios economistas, parece necesario mejorar las condiciones de acceso a créditos por parte del sector agrícola, para darle más espalda frente al complejo escenario de los próximos años. Esto le pondría de forma indirecta, además, coto a la parcelación acelerada de terrenos, que ha vivido un boom pospandémico en el sur, pasando miles de hectáreas desde la esfera productiva a la habitacional.

Por último, siguiendo el camino de otras economías, puede ser un buen momento para evaluar nuestra propia capacidad para producir fertilizantes (cuyos precios seguirán subiendo durante los próximos años). Todos recordamos que Chile alguna vez fue una potencia mundial en esta área, hasta el desarrollo del proceso químico Haber-Bosch. Y nuestras reservas de guano y salitre siguen ahí. La pregunta es si valdría la pena, a la luz de los nuevos desarrollos tecnológicos y exigencias medioambientales, volver a explotarlos. Un ejemplo a tener a la vista en este ámbito es el del guano de las islas en Perú, cuya explotación y uso han ido tomando vuelo en la medida en que la crisis de los fertilizantes se agudiza.

De más está decir que si el nuevo orden chileno fracasa en el desafío alimentario, los vapuleados “30 años” terminarán pareciendo un paraíso al lado de las décadas que vendrán.

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