Se ve feo

Tanto Garín, Harboe o cualquier otra autoridad electa que quiera competir por la CC en el mismo territorio que representa, cuenta con una ventaja frente al resto de los candidatos que es muy difícil de superar (...) Pero, asimismo, la discusión constitucional va a requerir de personas con experiencia y habilidades políticas, profesionales de su actividad, para poder representar, dialogar y decidir.



La estética en política es importante. Esto no sólo se debe a la necesidad de guardar ciertas apariencias, sino también porque los patrones estéticos –lo que “se ve bien” o “se ve mal”– suelen ser representaciones de patrones éticos –lo que está bien o está mal. Pero no todo juicio ético puede resumirse en una interpretación estética, y la práctica política tiene una serie de conductas que no cumplen con los patrones estéticos pero que son altamente deseables.

Con ocasión a la decisión de algunos parlamentarios (Renato Garín y Felipe Harboe, por ahora), de presentarse como candidatos a la Convención Constitucional, con la consecuente pérdida de sus escaños en el Congreso, muchos han planteado cuestionamientos éticos y estéticos a la decisión. Algunos plantean que una interpretación estricta del resultado del plebiscito implica que la ciudadanía está en contra de la participación de parlamentarios en la CC. Otros han incluso planteado como principio general que una autoridad electa no puede dejar trunco su mandato por presentarse a otra candidatura. En mi opinión, este es un caso donde la estética y lo que es deseable no necesariamente van de la mano.

Parto por la regla general. No es deseable pensar en un escenario donde las autoridades electas no puedan presentarse a otras elecciones. Una regla así no hubiera permitido las candidaturas presidenciales de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (en ambas ocasiones) o de Alejandro Guillier, sin nombrar a un número importante de senadores y diputados que saltaron desde otros cargos electos. Sin ir más lejos, los principales potenciales candidatos presidenciales son actualmente alcaldes o parlamentarios.

La política, como toda actividad, requiere experiencia y conocimiento. Quienes se dedican a ella profesionalmente tienen ventajas sobre los amateurs. Además, al ser autoridades electas, se permite un equilibrio entre control y experiencia. La literatura ha mostrado las ventajas de la construcción de carreras políticas “desde abajo”, particularmente en el ámbito local, otorga conocimiento y mayores habilidades de representación.

Pero no todo es deseable. Una de las áreas más estudiadas de la ciencia política es la ventaja que tienen los incumbentes (partidos o candidatos) para ganar elecciones. Los incumbentes tienen mejor conocimiento de sus electores, mejores redes territoriales, más recursos económicos y humanos, mayores niveles de conocimiento público y, como recientemente hemos descubierto, son percibidos como locales incluso frente a personas que han vivido toda su vida en el territorio. Todo esto hace que la competencia contra incumbentes sea rara vez en igualdad de condiciones. Y eso que ni siquiera hemos mencionado la posibilidad de que se establezcan conductas ilegales o antiéticas, como redes clientelares y compra de votos.

Ahora, todas estas ventajas palidecen en el caso específico de la Convención Constitucional. Aquí hay dos particularidades. Primero, se establece expresamente que quienes participen de la CC tendrán un impedimento temporal después de ésta para presentarse a elecciones (algo que quedó en letra muerta con el cambio de fechas) y se crea la inhabilidad de una serie de cargos con una candidatura a la CC. Si a eso le sumamos el 80% de personas que votó por una convención completamente electa, no es difícil suponer por qué se podría ver feo que quienes ocupan cargos en el Congreso presenten sus candidaturas para ser convencionales.

Tanto Garín, Harboe o cualquier otra autoridad electa que quiera competir por la CC en el mismo territorio que representa, cuenta con una ventaja frente al resto de los candidatos que es muy difícil de superar. Incluso, si es que una parte del electorado decide castigarlos, es poco probable que eso neutralice las ventajas que les otorga su incumbencia. Pero, asimismo, la discusión constitucional va a requerir no sólo de personas “comunes y corrientes” o que sean representativos de la población, sino que además necesitará de personas con experiencia y habilidades políticas, profesionales de su actividad, para poder representar, dialogar y decidir. Quizás, en esta ocasión especial, la decisión de saltar de un cargo a otro pueda tener ciertas ventajas para el sistema, pero claramente presenta desafíos éticos y estéticos. Se ve feo, aunque la vara es baja.

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