Gobierno: “El Estado nunca se obligó a aprobar el matrimonio igualitario”

Autor: Alberto Labra

Manifestaciones de movimientos por la diversidad sexual.

Postura figura en una minuta en la que se recalca que “el Estado, a través del Ejecutivo, no podría haberse obligado a ejecutar una acción que compromete” al Poder Legislativo. Esa visión fue transmitida directamente a la Comisión Interamericana de DD.HH. Gobierno manifestó al organismo que el compromiso en este tema está cumplido.


Un día después de que la Corte de La Haya entregara su decisión sobre el juicio entre Chile y Bolivia, nuestro país debió enfrentar una nueva etapa de otro asunto que está instalado en un organismo internacional.

El 2 de octubre, representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Cancillería asistieron a una reunión en Estados Unidos junto al relator de la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) para Chile, el colombiano Luis Ernesto Vargas, y los abogados Ciro Colombara y Hunter Carter. Estos dos últimos representan al Movilh, organismo que en 2012 presentó una demanda contra el Estado por denegación del matrimonio para parejas del mismo sexo, ofensiva que fue paralizada en 2016, cuando se llegó a un acuerdo de solución amistosa con el gobierno de Michelle Bachelet.

Ese acuerdo implicó una serie de medidas, por ejemplo, en materia de adopción homoparental e identidad de género. Sin embargo, el punto principal y que más controversia ha generado entre ambas partes es la opción de establecer legalmente en Chile el matrimonio igualitario.

En el acuerdo de solución amistosa se fijan, sobre este último tema, tres puntos: “1) El compromiso del Estado de impulsar en conjunto con los peticionarios (es decir, los demandantes) un proceso de discusión pública (…) en torno al matrimonio igualitario”; “2) Ingresar a tramitación legislativa dentro del primer semestre del año 2017 un proyecto”; y “3) Adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva”.

En ese contexto, el Movilh ha acusado ante la CIDH un incumplimiento, principalmente, del punto número 3, argumentando que la postura manifestada públicamente por el gobierno de Sebastián Piñera ha sido de no impulsar o acelerar el proyecto de matrimonio igualitario para lograr su aprobación, iniciativa que fue ingresada al Congreso en agosto de 2017 por la administración de Bachelet.

Así, en la reunión en EE.UU. el gobierno manifestó, por primera vez ante la Comisión Interamericana, que se ha cumplido con esos tres puntos del acuerdo y que, además, el Estado chileno no está obligado a impulsar ni lograr aprobar el matrimonio igualitario en el Congreso.

Esa posición y los argumentos que la sustentan están contenidos, además, en una minuta de la Subsecretaría de DD.HH., que encabeza Lorena Recabarren, en la que se señala: “El Movilh argumenta que el Estado no ha cumplido su compromiso en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo. En efecto, de acuerdo al comunicado de Rolando Jiménez, ‘tanto el Estado de Chile como nosotros y la CIDH asumimos el compromiso de impulsar de manera permanente el matrimonio igualitario, con miras a su aprobación’. Esta afirmación no se condice con los compromisos adquiridos por Chile”.

En ese sentido, el escrito del gobierno menciona dos elementos. Primero: “El Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Consta en la historia fidedigna de las negociaciones que culminaron en la firma del acuerdo de solución amistosa en cuestión que el Movilh, a través de sus abogados, incorporó en su propuesta de borrador del acuerdo que el Ejecutivo debía obligarse a ‘impulsar’ la iniciativa del matrimonio entre personas del mismo sexo ‘muy especialmente (a través) de su incidencia permanente en el Parlamento’. Sin embargo, dicha propuesta no fue aceptada por el gobierno anterior y, finalmente, se rechazó. Para avanzar con la negociación, el Movilh aceptó otra propuesta, distinta de la anterior, que no incorporaba esta obligación para el Ejecutivo”.

Así, en la minuta se agrega que “esta circunstancia muestra que la firma del acuerdo nunca significó que el Ejecutivo, cualquiera fuera el Presidente, debiese asumir el compromiso de promover el proyecto en el Congreso, o bien de obtener la aprobación del mismo”.

El otro argumento central del Ejecutivo ante la CIDH para sustentar su posición es que -según se lee en el documento- “el Estado, a través del Ejecutivo, no podría haberse obligado a ejecutar una acción que compromete a otro Poder del Estado (Poder Legislativo)”.

“El Ejecutivo no puede, a través de un acuerdo de solución amistosa, comprometer al Congreso a aprobar un proyecto de ley. Lo contrario sería atentar contra el principio constitucional de separación de poderes. Por otro lado, la Presidenta Michelle Bachelet no podría haber obligado a su sucesor, a través un acuerdo de solución amistosa, a promover activamente y obtener la aprobación por parte del Congreso de un proyecto de ley sobre materias en la que existen naturales diferencias de opinión. Asumir lo contrario podría plantear un problema de constitucionalidad, puesto que ello implicaría aceptar que decisiones adoptadas por administraciones pasadas puedan limitar el ejercicio actual y soberano de las atribuciones constitucionales que son propias del Presidente de la República en relación al artículo 32 de la Constitución”, se enfatiza en el texto del gobierno, en el que se recalca que “el Estado de Chile considera que cumplió el compromiso adquirido en el acuerdo de solución amistosa suscrito con el Movilh en relación al matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Si bien asistentes a la reunión del 2 de octubre en Estados Unidos dicen que el relator de la CIDH no emitió un pronunciamiento tras la postura manifestada por el gobierno chileno, Vargas dijo en agosto de 2017 -cuando Bachelet presentó el proyecto de matrimonio igualitario- que “tendremos que seguir pendientes de la ejecución de la solución amistosa hasta cuando termine en una ley definitiva, o sea, hasta cuando haya igualdad plena”.

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