Gobierno responde informe de Amnistía Internacional: “No ha existido por parte de Carabineros una política premeditada de uso de la fuerza con el fin de castigar a los manifestantes”

Carabineros de Fuerzas Especiales. Foto referencial.

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia advirtió además que el documento elaborado por AI “no se refiere en profundidad a los más de 2.800 eventos graves y más de 5.000 funcionarios de orden y seguridad que resultaron lesionados durante las protestas".




“El Gobierno reitera con fuerza que no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes”. La frase anterior es parte de la declaración que emitió el Ministerio de Justicia en respuesta al informe final elaborado por Amnistía Internacional sobre la situación de protestas en Chile, en el que el organismo asegura que los altos mandos de Carabineros deberían ser investigados por violaciones a los Derechos Humanos.

Entre las conclusiones del citado documento titulado “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, se estableció que se cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos, entre ellos, el derecho a la integridad personal de los manifestantes de manera generalizada.

Durante la tarde de este miércoles, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado en que aseguró que el gobierno “siempre ha condenado toda conducta que atente contra los derechos humanos, en cualquier lugar, tiempo o circunstancia, y solidariza con las víctimas que han sufrido sus consecuencias”.

“En Chile existe un régimen democrático con un Estado de Derecho, y en consecuencia, cualquier denuncia sobre esta materia, además de los sumarios administrativos correspondientes, debe ser investigada por la Fiscalía y conocida, juzgada y sancionada por los tribunales de justicia, y sus víctimas reparadas en virtud de la ley”, se lee en la declaración.

Respecto al capítulo relacionado con el actuar de Carabineros en las manifestaciones, desde el gobierno lamentaron que “éste realice aseveraciones sobre hechos e informaciones que requieren ser actualizadas y se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y en sede judicial" y reiteraron que "no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes”.

Además advirtieron que dicho informe “no se refiere en profundidad a los más de 2.800 eventos graves que ocurrieron en el país y más de 5.000 funcionarios de orden y seguridad que resultaron lesionados durante las protestas, como sí fue refrendado por los demás informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”.

El Ministerio de Justicia también sostuvo que el documento elaborado por AI “no recoge el trabajo ya realizado por el Gobierno para la implementación de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, ni la labor realizada por la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, ni de la Defensoría Penal Pública para fortalecer el resguardo de los derechos humanos”.

“El Gobierno de Chile ha impulsado desde un inicio un conjunto de medidas administrativas y legales para materializar la necesaria reforma a Carabineros de Chile, incluyendo la incorporación de nuevos medios para el control del orden público, el fortalecimiento del plan de formación de Derechos Humanos en todo el país y la modificación de Protocolos para el Uso de la Fuerza, entre otras medidas", se lee en el comunicado.

En este sentido, en la declaración emitida por el Ejecutivo se destacó que el Presidente Sebastián Piñera, lideró el viernes pasado una reunión con la Comisión de Estado para la Reforma de Carabineros, creando una Unidad Coordinadora compuesta por expertos y expertas transversales en la materia.

“Los estándares internacionales de derechos humanos exigen que el uso de la fuerza por parte de la policía deba guiarse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. Por ello, ante todas las denuncias que se han presentado, el Gobierno de Chile ha apoyado permanentemente que estas sean debidamente investigadas, sancionadas y reparadas, cuando corresponda”, concluye el comunicado emitido por el gobierno.

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