El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, expuso este jueves ante la Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional que está sesionando desde Antofagasta, región en donde la instancia encargada de redactar una nueva Carta Magna se encuentra de visita oficial.
El secretario de Estado expuso ante los integrantes de la comisión las recomendaciones del gobierno para las normas transitorias que regirán en caso de que se apruebe la nueva Constitución el próximo 4 de septiembre y que permitirá una mejor transición entre la antigua y nueva Carta Fundamental.
El pasado lunes, el Ejecutivo envió un documento de 54 páginas a la Convención con normas transitorias como insumo de trabajo, donde se proponían, por ejemplo, una serie de medidas para la puesta en marcha de los nuevos organismos creados por la instancia, como la Cámara de las Regiones, establecer que nuevos quórums comiencen a regir desde la publicación de la nueva Constitución, la implementación del nuevo Sistema Nacional de Salud, entre otras temáticas.
Comisión de Implementación
Es así como este jueves Jackson expuso más en detalle las recomendaciones del Ejecutivo ante el grupo de convencionales.
El titular de la Segpres, además, resolvió consultas de los convencionales Fuad Chahin (DC) y Constanza Hube (UDI) respecto a la propuesta del Ejecutivo de crear una Comisión de Implementación, cuyo objetivo sería elaborar una “hoja de ruta” que permita identificar las propuestas de legislación, adecuación normativa y políticas públicas que se deberán desplegar en los años siguientes a la aprobación de la nueva Constitución los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Al respecto, el ministro partió recordando que el documento con sus propuestas se elaboró “con menos de 24 horas de diferimiento del término de redacción del borrador, por lo tanto, hay muchos aspectos que, tal como se evidencia, no tienen una definición concreta, por ejemplo: cuál sería la composición”.
Agregó que “sobre dónde reside el poder, nosotros lo que vemos aquí claramente es que para poder generar las adecuaciones, y tal como lo decía el contralor el día de ayer, hay algunas potestades que se podrían delegar en el Ejecutivo que son más bien de carácter administrativo y que yo creo que es conveniente que el Ejecutivo se haga cargo y, por lo tanto, sea exigible al Ejecutivo que tenga que asumir esa responsabilidad para el buen funcionamiento del Estado”.
Jackson complementó sobre este punto que “hay otras que son de carácter más político que requieren de una deliberación. En esa deliberación nosotros creemos que la sede del Congreso, donde se da deliberación democrática, es donde debiesen resolverse la leyes. El calendario es distinto, porque el calendario -que es la función que se le asignaría para establecer un calendario a alguien que de alguna manera tiene que ejecutar este proceso-, debiesen estar más bien en manos y responsabilidad del Ejecutivo”.
El secretario de Estado explicó también que “nosotros no estamos planteando que el Ejecutivo reemplace en aquellas cosas fundamentales que requieren una nueva ley el rol legislativo, sino que tenga que presentar los proyectos en algún plazo, que se determine por una Comisión que pueda encontrar los plazos razonables para que sea implementable esta Constitución”.
Y continuó: “Pero, al mismo tiempo, un contrapeso en el sentido de que si es que no se logra legislar en cierto plazo -para que no se transforme en letra muerta- que también el propio Congreso Nacional tenga un incentivo a llegar a acuerdos porque creemos que es importante que haya un incentivo para llegar a acuerdos para poder resolver los problemas y no perpetuarlos, y que no tengamos que en 10 ó 15 años después haya una norma que todavía no tiene una legislación correspondiente para su implementación. Por eso creemos que tiene que haber un cruce de responsabilidades”.
Para Jackson, al Ejecutivo hay que entregarle en ese sentido mayor exigencia, “pero también a la sede congresal: que de no aprobarse en algún plazo que ustedes consideren razonable para ciertas materias, que entonces tenga que el Ejecutivo hacerse cargo de ese vacío donde, me imagino, cualquier Ejecutivo tendrá que sopesar el debate público y legislativo de cual es el punto más cercano al consenso, de lo contrario, también el Ejecutivo pierde legitimidad”.
El secretario de Estado añadió que “creemos que el justo contrapeso entre la equivalencia de la participación ciudadana, el debate legislativo, pero también el poder ponerle un cierre en algún momento a los procesos es importante porque de lo contrario puede quedar en letra muerta y, a la ciudadanía, lo único que no podemos decirle es que por falta acuerdos sencillamente la Constitución es letra muerta; ese es como un principio que está detrás de lo que nosotros establecemos”.
El titular de la Segpres terminó su respuesta reforzando el hecho de que como gobierno “estamos con un compromiso firme para aportar en todo lo que formalmente sea exigible en términos de apoyo técnico, financiero y administrativo. Pero, por cierto, en el momento en que esto se plebiscite -de ser aprobado- nosotros de todas maneras se va a transformar en una de las principales prioridades sino la principal prioridad, al menos en la cartera que me toca representar (...) Porque nos compete generar en el engranaje del Estado, y en particular del Poder Ejecutivo, el poder hacer que esto sea al mismo tiempo un equilibrio entre que no sea letra muerta y que tenga la suficiente gradualidad y suavidad en el tránsito, continuidad que permita llevar adelante los cambios”.