El proyecto de ley de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) si bien avanzó en la Cámara de Diputados, no fue todo lo bueno que el gobierno esperaba. Las críticas sobre si se contaba o no con los recursos permanentes para financiar los mayores gastos que significaba elevar la pensión básica a $185 mil para el 80% de la población y entregar una proporción equivalente a sus ingresos a quienes están entre el 81% y 90% de vulnerabilidad.

Es por eso que desde la oposición levantaron la indicación que propone un impuesto a los llamados “súper ricos”. Se trata de una que introduce un impuesto al patrimonio con tasas diferenciadas según monto del patrimonio. Entre US$5 millones y US$22 millones se pagará una tasa de 1,5%, mientras que el patrimonio por sobre US$22 millones pagará una tasa de 2,5%. y se mantiene la visión de mantener la reserva de constitucionalidad.

Esto desató molestia en el Ejecutivo, pero a la vez se abrió la ventana para negociar con la oposición y en especial con el equipo del Presidente electo, encabezado en el Congreso por los diputados Karol Cariola (PC) y Miguel Crispi (RD).

Hoy la negociación está concentrada principalmente con el equipo del Presidente electo y están siendo lideradas por los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda, y de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, y si bien se ha incluido al resto de la oposición el foco está centrado en ellos. Por lo que de no llegar a acuerdo mañana jueves se seguirá adelante con la iniciativa.

Fuentes de La Moneda sostiene que en el comando de Boric han ido cambiando las reglas del juego. “Un día quieren royalty, nosotros exploramos esos cambios, pero al otro día quieren exenciones y nosotros las exploramos, pero quieren súper ricos y eso baja el financiamiento. Entonces no hay una postura en común”, admite un conocedor de las tratativas.

Desde el gobierno sostiene que lo que se buscará es hacer una última propuesta entre hoy y mañana, sino resulta, añaden las mismas fuentes, se tomará sus propias decisiones y cada uno votará como estime conveniente.

Aseguran que, si esto no se logra votar en enero, el Presidente Piñera tiene la facultad de citar al Congreso a votar en febrero lo que se tiene considerado.

Recalcan que en el Ejecutivo se ha estado dispuesto en avanzar en exenciones y royalty para sumarlos al financiamiento, “pero ellos se cambiaron de propuestas en el camino”, dicen.

Desde el equipo de Boric sostiene que el gobierno sólo ha entregado “los titulares” de las propuestas, por lo que se “necesitamos un poco más de detalle”. En ese sentido, menciona que más que la oferta de avanzar en cambios al royalty lo que se propuso fue aumentar la recaudación por la vía de cambios a las patentes mineras. Este es un gravamen establecido por la ley, a beneficio fiscal, que anualmente debe pagar el dueño de una concesión minera, para mantenerla vigente y dentro de su patrimonio.

Asimismo, comentan que se están analizando nuevas exenciones que se pusieron sobre la mesa, muchas de ellas basadas en el informe de la Comisión Tributaria que lideró el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. Entre ellas la eliminación de la exención del impuesto de primera categoría a los fondos de inversión privados (FIP), Renta Presunta, limitación o eliminación de los beneficios para inmuebles DFL-2, entre otros, además de aplicar una sobretasa al impuesto territorial.