La educación pública: ¿Quién es responsable?

En un colegio, como en cualquier otra organización, lo más importante son las personas. Uno puede tener los últimos computadores, infraestructura, textos y/o varias recetas, pero finalmente si no se tiene a un director o directora con un equipo de profesores con el rigor y cariño necesario, es difícil generar un cambio.

Es un país que está tratando de fortalecer la Educación Pública, donde varios suponen que la municipalización es la raíz del problema, es fundamental hacerse la pregunta: ¿Cuál es el grado de injerencia que tienen los municipios sobre las personas que trabajan en los colegios? El gasto en personas está entre el 85% y 90% del costo total operacional, pero ¿cuánto pueden los municipios incidir en la selección, evaluación, remuneración y desarrollo de sus equipos?

A nivel de selección, el Estatuto Docente (ley promulgada el año 1991), les da casi nula injerencia a los municipios sobre su planta titular de profesores (al menos el 80% de la planta de profesores). Por ejemplo, si uno ve que un profesor no tiene las competencias para el cargo, o un mal trato con sus estudiantes, no lo puede remover. Desde el año 2010, se puede remover al 5% de la planta de profesores, pero la indemnización por año de servicios puede ser una componente importante para no hacerlo.

Los municipios tienen la libertad de contratar a profesores en el caso de que hayan vacantes, pero con el éxodo de 800.000 estudiantes del sector público al sector particular subvencionado (desde el año 2000), es cada vez menos la demanda de profesores nuevos en el sector municipal.

Relacionado a lo anterior está la evaluación y remuneración de los profesores. Éstas se han dictado, y -con la nueva Carrera Docente (Ley aprobada el año 2016)- se seguirán dictando desde el nivel central. Por ende, si un director, persona que está todos los días en el colegio, ve a un profesor que está haciendo un gran trabajo y lo quiere retener no puede aumentarle el sueldo.

El desarrollo técnico pedagógico nunca se ha pensado desde los equipos directivos del colegio. En la Ley de Carrera Docente, los directores eran mencionados 2 veces en las 80 páginas que contenían a la ley. En la nueva Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública, el desarrollo técnico pedagógico se reparte en 5 instituciones ajenas al colegio (¡Sí, 5!).

A pesar de todo lo mencionado anteriormente, los municipios siguen teniendo algún espacio para tomar ciertos tipos de decisiones, muchas de las cuáles se toman sin criterios pedagógicos y con intereses más personales.

Pero, qué nos hace pensar que esto va a cambiar con una nueva administración pública, más centralizada, si la alta dirección pública todavía no es un mecanismo que garantice estabilidad laborar en base a méritos, pero sobre todo, cuando todavía no queda claro quién es el responsable por lo que pasa dentro de las salas de clase.

Hoy, en la Educación Pública, ¿quién es realmente responsable? ¿Son los municipios? ¿Quién en los municipio? ¿El alcalde, el director de Educación, los directores, los profesores? ¿Es el nivel central? ¿Quién en el nivel central? ¿Es una mezcla de todo? ¿Alguien se hace cargo? ¿Si hay un problema, quién responde? ¿A quién debemos celebrar y felicitar si hay mejoras? Creo que estas son preguntas difíciles de responder, incluso por la misma gente que está trabajando en los colegios. Esta ambigüedad y falta de simpleza produce, en la práctica, que nadie es responsable. He aquí el principal problema.

Lo fundamental para el fortalecimiento de la educación pública es poder tener una estructura simple, con capacidad a nivel local, con responsabilidades claras con respecto a lo que pasa dentro del colegio y las salas de clase.