SEÑOR DIRECTOR:

El Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social (Boletín 18.216-05) plantea un diagnóstico atendible: optimizar los plazos ambientales y disminuir la litigiosidad. Sin embargo, las reformas propuestas, lejos de perfeccionar la institucionalidad ambiental, amenazan con debilitarla bajo la premisa de una reactivación económica que carece de sustento estadístico riguroso, considerando que solo el 2% de la inversión ha sido revocada en la última década y apenas un 5% de los proyectos resulta rechazado.

Resulta de la máxima gravedad la disposición que obliga al Estado a restituir los gastos del titular si una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es anulada judicialmente por ilegalidad. Esto traslada de forma inédita el riesgo regulatorio privado al Fisco —socializando el costo de un permiso mal otorgado— e introduce una preocupante presión financiera sobre la independencia de los tribunales.

Asimismo, el cierre de vías de impugnación, como la supresión de la invalidación administrativa y la drástica reducción de plazos para invalidar permisos sectoriales, vulnera de forma directa el Acuerdo de Escazú. Esta restricción afecta desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables, limitando su capacidad técnica de defensa frente a expedientes complejos mientras mantiene intactas las prerrogativas de los titulares.

La certeza jurídica y el progreso legítimo no se construyen blindando la ilegalidad ni excluyendo a la ciudadanía, sino fortaleciendo la rigurosidad institucional y el acceso equitativo a la justicia. Urge rechazar estas normas regresivas y abordarlas por separado con el rigor técnico y democrático que la protección de nuestro entorno exige.

Monserrat Moya Arrué, profesora UC

Antonio Lara Aguilar, profesor Emérito Universidad Austral de Chile

Jonathan Barichivich Henríquez, profesor Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement, Paris, Francia.

Álvaro G. Gutiérrez, profesor Universidad de Chile, Instituto de Ecología y Biodiversidad.

José Ángel Fernández, profesor Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Rodrigo Astorga, economista especializado en Medio Ambiente

Carlos Zamorano Elgueta, profesor Asociado Universidad de Aysén

Francisco Squeo, Universidad de La Serena e Instituto de Ecología y Biodiversidad

Juan Luis Celis, profesor Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Jorge Pérez Quezada, Universidad de Chile, Instituto de Ecología y Biodiversidad, Centro Internacional Cabo de Hornos

Fernanda Romero, ONG Altos de Cantillana y Así Conserva Chile AG.

Kendra Ivelic, Fundación Refugio Animal Cascada

Rocío Urrutia, investigadora Corporación Alerce

Javiera Pérez Ribalta, Fundación Regenerativa

Antonia Echenique Celis, Directora Corporación Chagual

Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram

Sara Larraín, Fundación Chile Sustentable

Enrique Cruz T., director ejecutivo Fundación Centro de los Bosques Nativos FORECOS

Montserrat Lara, Red Ciudadana por los Humedales, Valdivia