SEÑOR DIRECTOR:

Frente al reciente megaoperativo que desarticuló una red de corrupción que operaban gendarmes en siete recintos penales, ¿cuánta responsabilidad tienen las jerarquías de la institución? ¿Cuál es el grado de cooptación en directivas de asociaciones de funcionarios en Gendarmería de Chile? Plantear una eventual intervención en ellas no es una medida extrema o ideológica, surge como prioridad para enfrentar la corrupción cuando las estructuras gremiales dejan de cumplir un rol legítimo de representación sindical y pasan a operar como redes de obstrucción, presión e impunidad. El resultado es conocido, corrupción enquistada, debilitamiento del control interno y captura de funciones esenciales del Estado.

¿Cuántos alcaides y jefaturas han sido removidos o aislados por denunciar apremios o malas prácticas debido a la presión de las asociaciones? El mensaje es desolador: se castiga al que denuncia y se protege al que transgrede.

Es importante destacar cómo algunas personas lucran con la precariedad, habilitados por limitaciones de régimen interno. Quizá la solución, entonces, pasa por cuestiones de simple modificación administrativa, como disminuir restricciones en encomiendas para que haya un mayor acceso regulado a alimentos y otros productos básicos.

Los actos ilícitos socavan esfuerzos e inversiones en seguridad pública, la corrupción carcelaria profundiza tratos crueles, reproduce desigualdades y vulnera la dignidad de personas que el Estado tiene bajo su custodia. Permitir redes de impunidad al interior de la institución no solo debilita la seguridad pública, sino que normaliza violaciones estructurales a los derechos fundamentales. Enfrentarlas es, en última instancia, una condición indispensable para una política penitenciaria compatible con la democracia y los DD.HH.

Alejandrina Tobar

Abogada