SEÑOR DIRECTOR:

La encuesta Cadem revela una grieta que el debate público no ha sabido leer. Un 67% apoya el Registro de Vándalos e Incivilidades, sí. Pero un 84% exige que antes de retirar cualquier beneficio se obligue al responsable a reparar el daño; un 49% prefiere multas o reparación frente a un 30% que opta por suspender beneficios; y un 60% reconoce que quitarlos golpea más a los pobres que a los ricos. La ciudadanía pide orden, pero también reparación. El diseño de la ley escucha solo la primera mitad.

El límite más hondo del registro no es jurídico: es de fondo. Un registro puede contar incivilidades; no puede producir convivencia. Quitarle la gratuidad o una pensión a quien rayó un muro no repara el muro ni el barrio: le quita a una persona precisamente aquello que necesita para rehacer su vida en común con los demás. Esos beneficios no son premios por buena conducta; son las condiciones mínimas para participar en la vida del barrio y de la ciudad. Retirarlos como castigo no corrige al incívico: debilita los cimientos de la convivencia que dice proteger.

Propongo un cambio de pregunta. Mientras preguntemos solo cómo castigamos la incivilidad, produciremos registros y exclusiones. Si preguntamos qué sostiene la civilidad, aparecen otras respuestas: reparación efectiva del daño, instituciones presentes, justicia que no humilla. Son las que la propia ciudadanía ya está pidiendo. Una democracia no se mide por su capacidad de registrar a quienes la incomodan, sino por su capacidad de producir condiciones para que personas muy distintas puedan seguir compartiendo un mundo sin destruirse.

Ángel Aedo Gajardo

Académico Antropología UC, investigador del Centro UC Justicia y Sociedad y director Instituto Milenio VioDemos