Está previsto que la próxima semana la Cámara de Diputados vote la acusación constitucional que parlamentarios de los partidos Nacional Libertario y Republicano presentaron en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, a quien atribuyen una serie de infracciones en materia fiscal. Entre otros aspectos se le acusa de la subestimación del déficit fiscal efectivo proyectado para 2026, la no incorporación del financiamiento del reajuste del sector público y otras presiones de gasto vigente, además de inconsistencias en la proyección de la deuda pública, traduciéndose en la vulneración de una serie de principios y obligaciones constitucionales.

No hay duda de que la situación fiscal del país se encuentra sumamente deteriorada, en lo cual tiene una evidente responsabilidad el gobierno anterior –con tres incumplimientos sucesivos de meta de balance estructural-, pero del examen de los fundamentos de la acusación se advierten los mismos problemas que se han detectado en las innumerables acciones de este tipo que se han presentado con especial intensidad en los dos gobiernos anteriores, al no configurarse con claridad las infracciones que la Constitución establece en el caso de los ministros de Estado, que es haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, infringir la Carta Fundamental o las leyes o haber dejado estas sin ejecución, entre otros aspectos. Como lo han señalado diversas voces expertas -entre ellas la abogada constitucionalista Marisol Peña- los deberes de dirección, coordinación, supervisión y control están establecidos en la ley, pero de ello no se desprende que surjan necesariamente deberes imperativos cuyo incumplimiento dé origen a la responsabilidad y sanciones que aquí se pretenden hacer efectivas.

Los gruesos errores que se han cometido en las estimaciones de ingresos fiscales, o el haber comprometido gastos que no han quedado bien especificados son aspectos sin duda graves, pero otro asunto es que configuren las causales establecidas por la Constitución. Las fallas en los cálculos no son infrecuentes dentro del Estado; basta solo pensar en las divergencias que suelen producirse en los informes financieros que han acompañado a importantes proyectos de ley, como es el caso de la gratuidad, donde el costo fiscal efectivo fue superior en 400% respecto de lo estimado originalmente.

La dinámica que hemos visto por estos días ha estado muy influida por lo que se ha visto en otras acusaciones, cual es asestarle un golpe político a una determinada administración. Más allá de que es posible que la oposición finalmente logre los votos suficientes en la Cámara, los descuelgues de algunos diputados de RN, la libertad de acción que piden parlamentarios liberales, las interpelaciones a la “derechita cobarde”, el reconocimiento de líder del PDG en orden a que “esta decisión es una decisión política” -dentro del mismo PDG no hay aún un total alineamiento-, o el reconocimiento de algunos parlamentarios de que lo que está en juego es si la gestión económica del Presidente Boric fue “buena o mala”, son signos que revelan que los aspectos constitucionales pasaron a un segundo plano, más aún cuando muchos descansan en la idea de que de aprobarse en la Cámara, en el Senado no estarán los votos para declarar la culpabilidad de Grau. Por lo demás, parece evidente que en algunos también hay un afán de pasar cuentas al exministro Grau por rencillas personales, considerando que este fue un activo impulsor de acusaciones en contra de exministros del gobierno del Presidente Piñera, incluida la que se presentó contra el exmandatario, esgrimiendo las mismas razones de orden político que irónicamente ahora él alega son improcedentes en su caso.

Esta dinámica sin duda le hace daño al país, porque al desnaturalizar el sentido de la acusación constitucional se debilita su fin último que es ser una potente herramienta de fiscalización que tiene el Congreso, entrando en la lógica de juicios políticos que solo tensionan la relación entre gobierno y oposición. El anuncio que busca concretar un grupo transversal de senadores y diputados para cambiar los requisitos que permitan presentar acusaciones constitucionales -aumentando el número de firmas requerido, y exigiendo que previamente exista una interpelación- son reconocimientos implícitos de los débiles fundamentos de la presente acusación. La pulsión por las acusaciones sin base jurídica sólida no solo daña la institucionalidad, sino que además se convierte en un desincentivo para ocupar cargos ministeriales, ante la expectativa de ser objeto de acusaciones, sobre todo pensando en quienes se ven en la necesidad de tomar una posta ante la renuncia de un ministro, como fue el caso de Grau, que solo estuvo los últimos seis meses ante la sorpresiva partida del exministro Mario Marcel.

Con todo, las consideraciones anteriores no pueden hacer perder de vista que el legado que el gobierno anterior dejó en materia fiscal fue muy negativo para el país, y aunque esta acusación constitucional no es la vía para buscar repararlo, ello no obsta para que exista un duro reproche. Es claro que la mayor responsabilidad recae en el propio Marcel, bajo cuya gestión se desoyeron las advertencias que una y otra vez formuló el Consejo Fiscal Autónomo -cuyas recomendaciones en todo caso no son vinculantes-, advirtiendo sobre evidentes subestimaciones en materia de ingresos fiscales. El hecho de que se haya tenido que echar mano a cuantiosos recursos de los fondos soberanos, o de la Corfo, sin que mediaran situaciones extraordinarias o de emergencia, dan cuenta de fallas que no fueron corregidas oportunamente o sencillamente desestimadas para evitar mayores costos políticos al gobierno. En ese sentido, llama la atención la escasa autocrítica del exministro Marcel, y su débil excusa de que las proyecciones macroeconómicas de otros gobiernos también han errado no se hace cargo de que, según han advertido voces expertas, los tres mayores errores en la sobreestimación de ingresos sin que medien crisis se produjeron precisamente bajo el gobierno anterior. Y aunque Grau estuvo solo unos meses, el hecho de que en la tramitación del presupuesto 2026 quedaran una serie de gastos no bien establecidos -es el caso del reajuste del sector público-, o el haber descubierto una serie de pagos pendientes a proveedores solo confirman que su gestión fue deficiente, respecto de lo cual tampoco se han escuchado autocríticas elementales.

Frente a ello, es inevitable interrogarse qué cambios se deberían introducir en nuestra institucionalidad para asegurar que frente a tamaños incumplimientos se produzcan acciones correctivas a tiempo o eventualmente sus responsables enfrente consecuencias si es que se comprueban negligencias. La credibilidad fiscal es uno de los mayores activos con que cuenta el país, y si en definitiva el incumplir las metas cuando no hay razones que lo justifiquen no acarrea costo alguno, cabe preguntarse entonces por el sentido de establecerlas y el riesgo de que actuaciones poco prudentes o irresponsables sigan cometiéndose.