La violenta agresión de la que fue objeto la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en el marco de la inauguración del año académico en la Universidad Austral (Valdivia), ha vuelto a poner en evidencia las gravísimas implicancias que conlleva la práctica de la violencia política, y la necesidad de impedir por todos los medios que un flagelo de esta naturaleza se expanda.

Es fácil advertir que cuando determinados grupos se arrogan la facultad de amedrentar o cancelar puntos de vista que les resultan incómodos recurriendo a la violencia y no a la fuerza de los argumentos o a las reglas del estado de derecho, es la sociedad en su conjunto la que se ve afectada, porque ello implica consentir que impere la ley del más fuerte. De allí que resulta fundamental dar las señales correctas en cuanto a que la violencia nunca puede validarse como método de acción política.

Desde luego, es un avance que en esta oportunidad la agresión de la que fue objeto la ministra Lincolao haya sido en general repudiada, algo que por ejemplo no ocurrió cuando el actual Mandatario, José Antonio Kast, fue violentamente agredido en 2018 en dependencias de la Universidad Arturo Prat, donde algunos sectores de izquierda entonces acusaron que Kast se expuso a ser agredido producto de sus constantes “provocaciones”. También resulta valorable que el gobierno prontamente haya presentado una querella en contra de quienes resulten responsables -ante lo que cabe esperar que la Fiscalía actúe con la debida celeridad-, y desde luego la propia universidad debe procurar que los alumnos que aparezcan inculpados reciban las máximas sanciones reglamentarias.

Pero tan importante como asegurar sanciones a los responsables de la violencia es velar por que este tipo de prácticas no sean validadas en ninguna forma, ya que con ello se envía a la sociedad una señal sumamente contradictoria. Lamentablemente en años recientes se han dado ejemplos de ello, como el haber consentido la violencia irracional en liceos -justificándola en un distorsionado derecho a la protesta-, o bien a través de la presentación de cuestionables mociones parlamentarias, como aquella de 2020, que pretendió eximir de castigo -incluso de declarar en investigaciones judiciales- a quienes hubieran ejercido violencia en el contexto de manifestaciones; también hubo quienes en su momento intentaron eliminar el requisito de que las manifestaciones garantizadas constitucionalmente fueran “pacíficas”.

La consecuencia de estas actitudes permisivas o de banalización de la violencia ha contribuido a alimentar que los casos de vandalización o de agresiones por motivaciones ideológicas hayan ido en aumento -la cobarde agresión de la que acaba se ser objeto la secretaria de Estado es un reflejo más de aquello-, lo que exige tomar conciencia sobre los riesgos de no trazar los límites con claridad.

Si bien la Universidad Austral expresó su condena ante esta agresión, es vergonzoso que alumnos suyos hayan protagonizado estos hechos y queda por despejar el rol que jugaron sus autoridades en el manejo de la situación, especialmente aclarar por qué no se contó con la presencia de Carabineros. El rector ha señalado que “nunca estuvo en nuestra intención llamar a Carabineros, porque queríamos resolver esto dialogando”, denotando a lo menos una irresponsable actitud que puso en riesgo la integridad de personas.