La metodología tras la elaboración del mapa de la violencia en la Macrozona Sur

Para realizar esta investigación periodística, el equipo de Investigación y Datos de La Tercera utilizó las bases de datos del Poder Judicial e información obtenida a través de la Ley de Transparencia. Para acceder a las causas donde el gobierno se hizo parte a través de querellas, se utilizó el RUT de las intendencias regionales del Biobío y La Araucanía, tras lo cual se analizó individualmente cada causa, para obtener el tipo de delito denunciado, la fecha en que ocurrió el ataque, la comuna afectada y el lugar específico donde ocurrió el hecho, lo que permitió obtener las coordenadas GPS que sirvieron de insumo para la georreferenciación y posterior visualización en un mapa.

El análisis individual de los casos permitió depurar las cerca de 1.000 acciones legales que ha presentado el gobierno en estas regiones, por distintos delitos, muchos de ellos vinculados a ilícitos cometidos en el contexto del estallido social o delincuencia común.

Ante la negativa de la Fiscalía Regional del Biobío de revelar sus cifras de formalizaciones y el estado en que terminaron las causas que ocurrieron en su territorio jurisdiccional, La Tercera solicitó los antecedentes por la vía de la Ley de Transparencia. Este hecho permitió identificar que no existe una definición clara de los delitos que engloban la “violencia rural” entre los actores del sistema de persecución penal. Las policías, las fiscalías y el gobierno, tienen distintas categorizaciones de ilícitos para estos hechos donde, por ejemplo, algunos actores incluyen delitos comunes como hallazgos de vehículos o desórdenes públicos para ingresarlos en sus registros estadísticos.