Caso de violencia intrafamiliar tensiona al Senado y escala a la Anef, a la Contraloría y al Ministerio de la Mujer

La sede del Congreso en Valparaíso.

Tras un sumario administrativo, el expresidente de los funcionarios de la Cámara Alta fue destituido "por haber infringido el deber de probidad funcionaria al ejercer actos de violencia física, verbal y sicológica" en contra de otra funcionaria "con quien mantuvo una relación sentimental". La sanción, sin embargo, fue reclamada por organizaciones de trabajadores debido a que no se habría respetado el fuero sindical.




Un sumario de más de 500 páginas, que derivó en la destitución del expresidente de la Asociación de Funcionarios del Senado, Erwin Valencia, el pasado 11 de abril, se transformó en el último capítulo de la soterrada guerra que hace más de un año mantiene el secretario del Senado, Raúl Guzmán, con un grupo de trabajadores de la corporación.

El hecho que originó la destitución es un episodio de violencia intrafamiliar que desde noviembre de 2020 se tramita, a través de tres causas distintas, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. A raíz de ese antecedente, la Secretaría General del Senado inició un sumario por probidad administrativa en 2021, en vista de que la denunciante también es funcionaria de la Cámara Alta.

Sin embargo, la desvinculación del expresidente de los funcionarios, quien gozaba de fuero sindical, según una interpretación de la Ley 19.296, generó un reclamo de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que a su vez respaldó una presentación ante la Contraloría General de la República para tratar de revertir la medida disciplinaria.

No obstante, dada la gravedad, el hecho fue informado al Ministerio de la Mujer.

El caso

La primera acción ante tribunales se remonta a noviembre de 2020, cuando la afectada, quien es funcionaria del Senado, presentó una denuncia por violencia intrafamiliar contra Valencia, quien en ese entonces era su pareja. Esa primera presentación derivó en una suspensión condicional del procedimiento, lo que motivó que la denunciante presentara un segundo escrito por nuevos hechos en abril de 2021.

En vista de que la presentación corría el riesgo de sufrir la misma suerte de la anterior, la funcionaria se acercó a la Unidad de Género del Senado para pedir asesoría. Paralelamente la denunciante hizo una tercera presentación ante tribunales por hechos reiterados: interpuso una querella criminal “por el delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y lesiones menos graves”.

Fue entonces cuando la secretaría de la Cámara Alta decidió iniciar su propio procedimiento, pero en base a una infracción de normas de probidad administrativa. Ese sumario culminó en marzo de este año, recomendando la destitución, medida que el secretario del Senado, Raúl Guzmán, ratificó el 11 de abril.

Según la resolución, se formularon cargos contra el exdirigente “por haber infringido el deber de probidad funcionaria al ejercer actos de violencia física, verbal y sicológica” en contra de otra funcionaria “con quien mantuvo una relación sentimental”.

No obstante, a través de una carta, las dirigencias de la ANEF y de la Federación de trabajadores del Congreso cuestionaron la sanción, ya que en virtud de la Ley 19.296 (sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado), la destitución de un dirigente, en este caso del Poder Legislativo, debería ser ratificada por la Contraloría, por lo cual también se hizo una presentación al organismo fiscalizador.

Según Valencia, el destituido expresidente de los funcionarios, los hechos investigados son parte de su vida privada y no han sido corroborados en las distintas causas penales, por lo que no se le está respetando su presunción de inocencia. Además, explica que por una estrategia jurídica declinó dar su versión ante el instructor del sumario, por lo que fue sancionado sin su testimonio. “El Senado no es un tribunal”, comentó.

En línea con esa postura, la carta de la ANEF y de la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional señala que la sanción responde a una “persecusión de carácter gremial” y acusan al secretario del Senado de haber iniciado “un procedimiento arbitrario”.

El presidente de la ANEF, José Pérez, señala que el caso es delicado y que por ningún motivo su organización busca una defensa corporativa. “Siempre hemos estado en contra de la violencia de género en todos sus aspectos. Lo que no nos parece es que el secretario del Senado instrumentalice una situación”, dice Pérez, quien añade que son dirigentas de la asociación “las que están pidiendo ayuda” para tratar de revertir la destitución.

En todo caso, este conflicto es solo uno de los episodios que hoy tiene en posturas irreconciliables a Guzmán -quien en marzo fue ratificado en su cargo por los senadores- y a las principales asociaciones de funcionarios de la Cámara Alta.

Un dirigente, que prefiere el anonimato, dice que desde hace un año que el clima laboral dentro de la corporación se ha debilitado, antecedente que ha sido puesto en conocimiento de las principales autoridades del Senado, que mantienen su apoyo a las decisiones del secretario.

Una prueba del clima enrarecido es que a Erwin Valencia, en solo seis meses se le hicieron tres sumarios administrativos (uno por el mencionado caso de violencia intrafamiliar, otro por acoso laboral, del que salió sobreseído, y un tercero por la existencia de un mecanismo de préstamos a funcionarios).

Por su parte, las asociaciones del Senado han presentado tres querellas contra Guzmán (dos por casos de ejercicio ilegal de la profesión), una demanda (por despidos y rebajas de sueldos arbitrarios), una denuncia ante la Comisión de Ética del Senado (por incumplimiento de la ley de Lobby) y otra por temas laborales.

El precedente

Sin embargo, la abogada de la denunciante, Pamela Cisternas, discrepa de la interpretación de la ANEF y sostiene que la Contraloría no tiene tuición sobre decisiones administrativas del Senado ni del Congreso, en general.

En este caso, el secretario de la corporación envió solamente una notificación al organismo contralor, informando de la destitución de Valencia.

“Aquí hubo una denuncia ante el secretario del Senado dado que el Valencia era funcionario público, que debn cumplir con ciertas normas administrativas, como mantener un deber de probidad administrativa, acorde con el ejercicio de su cargo”, explica la abogada, quien agrega que el caso marca un “precedente”, pues a diferencia de lo que sostiene la defensa del destituido exdirigente, cuando un hecho se transforma en delito deja ser un tema “privado”.

Por esta razón, Cisternas dice que envió una carta a la presidencia del Senado -hoy en manos del PS Álvaro Elizalde- agradeciendo el apoyo que se brindó desde la Unidad de Género de la corporación, antecedente que también puso en conocimiento del Ministerio de la Mujer, dado el precedente que marcaría para otros casos de violencia intrafamiliar que involucren a funcionarios públicos.

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