El millonario litigio en dólares que enfrenta al Ejército con General Electric: acusan que licitaron un equipo rayos X para Hospital Militar con sobreprecio

El millonario litigio que enfrenta al Ejército con General Electric
Fachada Hospitar Militar

La Corte Suprema será la encargada de resolver si acoge o no el recurso de protección presentado por la compañía norteamericana en contra del Ejército, a quien acusa de adquirir un equipo para rayos X con otra compañía, pese a que esta ofrecía un precio superior. Durante el proceso, acusa el demandante, la institución castrense habría revisado exhaustivamente a su competidor y no así a ellos, lo que a juicio de General Electric es arbitrario e ilegal, en un negocio que involucraba US$ 7 millones.


Más de un millón de dólares es lo que diferencia a las ofertas de General Electric (GE) y Philips en la licitación por un equipo de rayos X para el Hospital Militar. El proceso, que comenzó el 2021, ahora pasó a tener ribetes judiciales, luego de que la firma norteamericana presentara un recurso de protección en contra del Ejército de Chile acusando discriminación y arbitrariedad en la decisión de otorgar la licitación finalmente a la competencia, pese a tener un precio superior.

En su presentación ante el tribunal de segunda instancia, y que será revisado próximamente por la Corte Suprema, General Electric sostiene que su oferta fue declarada inadmisible erróneamente, ya que “su equipo no fue evaluado de la manera correcta”. A lo que se suman los cuestionamientos al precio entregado al dispositivo ganador, el cual tiene un costo de casi ocho millones de dólares.

Radiografía al requerimiento

La disputa de la reconocida empresa con la institución castrense surge a raíz de la licitación que esta última inició el 28 de diciembre de 2021 para la compra de un “equipamiento de imagenología de alta complejidad para los servicios de diagnóstico por imagen, pabellón de hemodinamia y medicina nuclear del Hospital Militar de Santiago”. Proceso en el cual además de las dos empresas ya mencionadas, también participó la compañía Siemens.

En dicho proceso, el Ejército informó que la compañía que se adjudicó el equipo era Philips, declarando inadmisible las ofertas de GE y Siemens, ya que no cumplían con los requerimientos técnicos.

Aquello es lo que generó la acción judicial de la empresa norteamericana, pues según sostiene el texto que presentaron ante el tribunal de alzada, el punto negado rechazado es acerca del rango en el que “tenía que funcionar el equipo generador de rayos X se cumpliera íntegramente bajo o el método de la Fluoroscopía o de la Radiografía (metodología con la que se realiza el examen)”.

Según acusa la empresa, lo anterior no sólo “no estaba en las bases, sino que el equipo adjudicado de Philips tampoco lo cumplía, pues el rango de frecuencia del equipo adjudicado funcionaba combinando Fluoroscopía y Radiografía, de la misma manera que lo hacía el equipo de GE, cuya oferta inentendiblemente fue declarada inadmisible”.

Fachada Hospital Militar.

A lo anterior, agregan que la institución no revisó los documentos técnicos del equipo de GE, pues en el mismo manual de usuario se señalaba lo que después el Ejército usó como argumento para desestimar su oferta.

A juicio de GE, el ser declarado inadmisible su propuesta por sobre Philips, pese a tener similares características, constituye un acto arbitrario e ilegal, pues “la oferta de Philips, considerada no sólo admisible, sino que además adjudicada (...) tenía exactamente la misma forma de cumplimiento en relación al rango de mA para el generador de Rayos X, en términos que utilizaba tanto la Fluoroscopía como la Radiografía, por lo que habiendo declarado inadmisible la oferta de GE Healthcare, también se debió haber declarado inadmisible la oferta de Philips”.

A lo que suman críticas por los funcionarios del hospital que revisaron el equipo, quienes, a juicio de la empresa eléctrica, no contarían con los conocimientos para determinar lo idóneo de los instrumentos. Lo anterior, pues dichos evaluadores serían funcionarios de pabellones, un ingeniero de sistemas, así como también el encargado del departamento de biomédica del recinto militar.

Respecto a la supuesta discriminación en contra de los equipos de la compañía, el texto acusa que el dispositivo de Philips se evaluó “de manera distinta a lo que exigían las bases de licitación, exigiendo en consecuencia el cumplimiento de los parámetros de manera antojadiza y arbitraria, lo que no se aviene a las exigencias que le fueron propuestas a los interesados en participar de la licitación”.

Diagnóstico millonario

El recurso de protección de la GE fue presentado luego de que administrativamente se rechazaran sus reclamos por parte de la institución. Aquello llevó a que la disputa pasara a la arena judicial.

El equipo que finalmente ganó la licitación y fue adquirido por el Ejército, de marca Philips, tiene un costo de USD$ 7.976.055. El reclamo de la compañía se funda en que su oferta ascendía a los USD$ 6.725.818, precio que a juicio de la empresa se transformó en el daño que percibieron -según denuncian- por las fallas que señalan en la licitación.

Lo anterior afectó, explica el texto, porque si se hubiera lleva a cabo de forma regular el proceso con “un alto grado de probabilidad habría sido adjudicado a nuestra representada, ya que el equipo cumplía en los mismos términos que el equipo de Philips, pero era USD $1.241.237,36 más barato que el equipo adjudicado”.

En esa línea, la acción de GE pide que se ordene “no innovar”, es decir, que se suspenda la celebración del contrato entre Philips y el Ejército mientras dura el proceso “a efecto de que la oferta de GE Healthcare sea declarada admisible, y luego de ello se evalúen las ofertas admisibles, y la licitación sea adjudicada a quien en derecho corresponda”.

La acción emprendida por la compañía norteamericana, representada en Chile por el abogado Manuel Bernet de JDF Abogados, fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, a principios de mayo el tribunal de alzada declaró inadmisible el recurso, dando paso a una apelación ante la Corte Suprema. De esta manera, será el máximo tribunal el que finalmente deberá resolver este millonario conflicto judicial.

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