“El personal enfrenta desafíos y riesgos constantes”: la propuesta del general Yáñez sobre el bono trimestral que encontró un portazo de Tohá

“Sabemos que los carabineros, al igual que el resto de los funcionarios públicos, requieren reconocimiento a los incentivos por su función y vamos a elaborar una propuesta a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda que permita valorar de mejor manera el desempeño de los carabineros que trabajan día a día en funciones operativas, en las comunidades, en el terreno, reforzando de esta manera la prevención y el combate al delito”.

De esta manera, el Presidente Gabriel Boric entregó una luz de esperanza a Carabineros respecto a un anhelo que se arrastra desde el año pasado en la institución: el pago de un bono trimestral para cada uno de los más de 50 mil funcionarios que componen la institución.

Aunque el Mandatario no nombró específicamente a qué tipo de propuesta se refería, en Carabineros lo entendieron como un guiño a la propuesta que en octubre del 2023 entregaron a Interior, y luego en abril, por directa instrucción del general director, Ricardo Yáñez.

El general, incluso, recogió las palabras del Presidente y señaló en Mega que “yo quiero decir que tengan la tranquilidad de que nosotros ya hicimos una propuesta, presentamos un proyecto de una asignación laboral de los carabineros, trimestral, que en el fondo tiene que ser analizada obviamente por otro estamento, pero ya fue entregada a la autoridad (...). Lo que hay que hacer es tener paciencia, tranquilidad, las cosas no son de un día para otro, requieren obviamente que haya una serie de procesos y análisis que muchas veces escapan a lo que uno puede hacer, hay muchas prioridades también en el país, y obviamente yo, particularmente como general director, tengo que preocuparme de las prioridades de mis carabineros y en eso estamos trabajando fuertemente”.

Pero enseguida de sus declaraciones, desde el Ministerio del Interior comenzaron a entregarse versiones opuestas a lo señalado por Yáñez: hasta el despacho de la ministra, es verdad, habían llegado propuestas, pero ninguna había encontrado acogida. Es más, fuentes de la secretaría de gobierno lo descartan de plano.

En Interior señalan que “como señaló el Presidente Boric, el gobierno tiene previsto tomar medidas referidas a la dotación y reconocimiento de la función policial. Sin embargo, las propuestas irán en una línea distinta de lo elaborado desde Carabineros”.

La razón -explican- es que el gobierno considera “improcedente pagar incentivos monetarios por no presentar licencias médicas, pues ello supone que dichas licencias no serían verdaderas. Ello sería equivalente a un premio por no violar la ley”. En concreto, las propuestas de Yáñez ya fueron desestimadas, pero aún no está claro cuál será el mecanismo para otorgar mejores sueldos en la policía.

Sumado a eso, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, también deslizó críticas al requerimiento de Carabineros. “Un tema que está pendiente que tenemos que garantizar el compromiso del Ejecutivo, que es aumentar las dotaciones y las plantas de Carabineros. Necesitamos avanzar, lo que implica también recursos, y por eso el proyecto cumplimiento tributario”, afirmó.

Vallejo, sin embargo, advirtió que “distinto es un bono asociado a las licencias médicas, porque sería reconocer que si se presentan licencias médicas, que no es porque se necesite, si no por otra razón, entonces no vemos de buena manera asociar bonos a menos días de licencia médica porque sería reafirmar que se está cometiendo una ilegalidad”, advirtió.

En el documento hecho llegar al gobierno por Carabineros se plantea la entrega de esta asignación trimestral calculada en base al 65% del sueldo en posesión, estableciendo como requisito básico para que sea otorgado el haber prestado servicios en la institución al menos un año y mantener una participación laboral efectiva durante el trimestre previo al pago de la asignación.

En total, el proyecto tendría un costo de más de $50 mil millones anuales, solo en la entrega del bono.

En Carabineros existen incertidumbre y molestia. Nadie da por hecho el pago del bono, es más, hay quienes advierten que Carabineros cumple nuevas funciones, en nuevos planes implementados por el Ejecutivo, pero con la misma dotación de otros años.

Por ejemplo, el 12 de abril, desde la Secretaría General de Carabineros se envió un oficio a la Dirección de Personal en que se pidió de manera “urgente” elaborar nuevos informes de factibilidad para presentar ante el Ejecutivo.

“De conformidad a lo dispuesto por la máxima autoridad institucional (...) respecto a la propuesta del proyecto de ley que crea la ‘asignación de participación laboral’ para el personal (...) orientados a mejorar las remuneraciones y beneficios a favor de los miembros de la institución (...) el general director ordena efectuar las correcciones detectadas, solicitar informes técnicos, financiero y jurídico, con la finalidad de continuar con la tramitación a la brevedad posible (...), debido al interés de la máxima autoridad institucional de presentar los antecedentes a S.E. el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior, para la pronta materialización de esta iniciativa”, decía el escrito.

Pero antes, el 18 de octubre del 2023, Yáñez había hecho llegar la idea original a Interior. Allí se detallaba que “es innegable que el personal de Carabineros enfrenta desafíos y riesgos constantes en el cumplimiento de su deber, lo que requiere de un alto nivel de compromiso y dedicación. Además, como parte integral de nuestra sociedad, desempeñan un papel crucial en la seguridad y tranquilidad de la población, en tanto que se distingue su carrera funcionaria por una serie de caracteristicas únicas, que lo separan del resto de la Administración del Estado”.

El general expuso cuatro puntos para convencer a Tohá: el compromiso por el sacrificio, cumplimiento de funciones críticas, movilidad y flexibilidad territorial, y disponibilidad horaria total.

“Dentro de los aspectos destacables, es posible señalar que dicho incentivo contribuiría en forma crucial al aumento del interés por postular a la institución, incentivar al capital humano para prolongar su carrera funcionaria, retener al personal calificado y acrecentar la dotación disponible para el servicio policial directo en la población, todo lo cual va en directo beneficio para la seguridad de la comunidad”, consignó.

En esa misma línea, agregó que “entendiendo que las decisiones presupuestarias son siempre desafiantes y complejas, la iniciativa propuesta apunta directamente a contribuir al bienestar y seguridad de nuestra comunidad, como objetivos esenciales del Estado, lo que finalmente beneficiará a toda la sociedad y fortalecerá a la institución en su conjunto”.