Los escándalos que remecen al Poder Judicial peruano

No pasó mucho tiempo desde que un terremoto sacudiera la política peruana, con el escándalo, la salida y el reemplazo del ahora exprimer ministro peruano Alberto Otárola, para que una réplica llegara con horas de diferencia. Esta vez fue un “zarpazo”, aseguró el periódico La República, del Congreso al Poder Judicial, luego de que el Legislativo aprobó la destitución de dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) durante la tarde de este jueves.

Se trata de Aldo Vásquez e Inés Tello, los que fueron inhabilitados para ejercer durante 10 años en la función pública con los votos mínimos necesarios y, según el citado periódico, apoyado por “la coalición conformada por el fujimorismo y sus bancadas satélites”. La decisión está rodeada de polémicas, en plural. El caso, donde opositores a la medida alegan que el proceso estaría viciado por una votación irregular, se suma a modificaciones importantes sobre el juicio que enfrenta una de las figuras presidenciales más importantes de las últimas elecciones.

La tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori -todo apunta a que intentará ir por una cuarta- podría verse beneficiada al quedar en peligro el desarrollo del juicio en su contra programado para el 1 de julio de este año, luego de que se anunciaran cambios en el grupo de jueces que revisará el polémico ‘caso Cócteles’.

Con 67 votos a favor, el mínimo requerido para que el Congreso pueda inhabilitar a un magistrado, Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Bloque Magisterial, Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú, Acción Popular, Somos Perú y un sector de los parlamentarios no agrupados lograron destituir a Inés Tello.

La República, en línea con lo que viene postulando desde hace meses, calificó la decisión como una victoria para el “fujicerronismo”, en referencia a las veces -como ahora- en que el fujimorismo vota en línea con el cerronismo de Perú Libre (partido del ahora preso expresidente Pedro Castillo).

La primera controversia estalló debido al voto del congresista José Luna Gálvez, de Podemos Perú, quien votó a favor de la moción, pese a que la página web del Congreso señala que es miembro de la Comisión Permanente. El problema es que, según dicta la Carta Magna del país vecino, quienes participan de dicha comisión no pueden votar en el Pleno cuando se tramita una denuncia constitucional.

Si dicho reglamento se hubiera respetado, los impulsores de la destitución no hubieran conseguido los 67 votos mínimos -mayoría simple- que se necesitaban para la aprobación de la inhabilitación.

La respuesta de Tello fue el envío de un oficio al presidente del Congreso, Alejandro Soto, argumentando: “En la sesión de hoy se indicó que la acusación constitucional en mi contra alcanzó los 67 votos, pero el voto indebidamente considerado para llegar a ese número de votos es del congresista José Luna Gálvez, quien es integrante de la Comisión Permanente”. Y continuó. “A la luz de la Constitución y del reglamento del Congreso, considero que sigo siendo miembro de la JNJ”.

La réplica, mediante un comunicado, fue que Luna Gálvez podía votar porque no participó en la sesión de la Permanente en la que se aprobó el informe final contra Tello. El argumento para sacarla es que traspasó el límite de 75 años dispuesto en la Constitución y el artículo 109 de la Ley Orgánica de dicho organismo constitucional. Actualmente, la magistrada tiene 78 años cumplidos en septiembre pasado.

En tanto, Aldo Vásquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, había zafado por dos votos de la destitución, con 65 a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Sin embargo, los partidos de Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, Fuerza Popular y Perú Libre, presentaron dos pedidos de reconsideración para volver a votar la medida, detalló La República. Allí ocurrió la segunda polémica.

Los congresistas Jorge Flores y Raúl Doroteo, de Acción Popular, y Jorge Marticorena, de Perú Bicentenario, que previamente se habían abstenido, decidieron cambiar su voto y apoyar la destitución. Ambos están siendo investigados por el caso conocido como “Los Niños”, donde algunos congresistas supuestamente habrían intercambiado votos y apoyo político al gobierno de Pedro Castillo a cambio de favores en la administración pública.

Fernando Carvallo, columnista de RPP, aseguró que los resultados del cambio de último minuto en la votación contra Vásquez “no mejorarán la mala imagen que una gran mayoría de la población tiene del Congreso. Y reforzarán la sensación de que todo el procedimiento, so pretexto de tecnicismos interpretativos, se ha visto teñido por hostilidades políticas y, peor aun, por intereses subalternos. Nuestro país merece algo mejor que el envilecimiento de la política y del discurso jurídico”.

El Parlamento no logró los votos necesarios para sacar del camino a Antonio de la Haza, Imelda Tumialán, María Zavala, Henry Ávila y Guillermo Thornberry, los otros magistrados de la JNJ.

El presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio De la Haza, señaló que la inhabilitación “solo conviene a todos aquellos que son investigados, pues prefieren que sus casos no avancen, que prescriban y que sus investigaciones sean archivadas”, consignó El Comercio. Para De la Haza, un sector del Congreso pretende “una interferencia de la política en la administración de la justicia” basándose en la fuerza de los votos.

En una línea paralela, y a poco más de cuatro meses de que se inicie el juicio contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori por el “caso Cócteles”, el presidente del Poder Judicial dictaminó un importante cambio en la conformación del equipo de jueces que revisará la trama judicial y que, según Infobae, incluso podría poner en riesgo el desarrollo del proceso programado inicialmente para el 1 de julio de 2024. En él se acusa a la hija de Alberto Fujimori de delitos como crimen organizado y lavado de activos, entre otros.

Fujimori hija, quien llegó a estar en preventiva como medida cautelar durante el desarrollo del juicio, iba a ser juzgada por la magistada Nayko Coronado Salazar, quien estaba a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Fue ella quien llevó adelante los requerimientos, solicitudes y disposiciones desde que inició la acusación.

Sin embargo, este jueves, mediante la Resolución Administrativa N° 000141-2024-P-CSNJPE-PJ, se dispuso el retiro del juez Raúl Caballero Laura de la sala que compartía junto a la jueza Nayko Coronado, detalló Infobae. Coronado, como primera jueza de la sala, era seguida por Caballero Laura y Max Oliver Vengoa como segundo y tercer magistrado, respectivamente.

Si Raúl Caballero Laura hubiera sido reemplazado por una persona en su mismo escalafón, nada hubiera ocurrido. Pero la disposición del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, de llevar a la sala a Juana Mercedes Caballero García implica que esta última ejercerá la labor de magistrada principal del lugar, desplazando a Nayko Coronado al segundo puesto y, en consecuencia, apartándola de la dirección de un juicio que ha liderado desde el inicio. Caballero García, en tanto, asumirá un caso que no conoce en lo absoluto, señaló el citado medio.

Ante las numerosas críticas por la decisión del presidente del Poder Judicial, el ente emitió un comunicado explicando que la remoción del juez Raúl Caballero se da como consecuencia de una medida disciplinaria impuesta por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial en contra del magistrado en su condición de juez de la Corte Superior de Tacna, lo que se traduce en una suspensión de seis meses por atrasos en emitir sentencias de expedientes judiciales.

El documento omite la razón por la cual Nayko Coronado fue reemplazada como la jueza a cargo de la sala, pero la resolución de conformación de dicha junta se hace cargo, argumentando que la reemplazante Juana Caballero García sostiene una mayor antigüedad.

“Oficiar la incorporación de la jueza Juana Mercedes Caballero García al Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional y al Octavo Juzgado Penal Unipersonal Nacional (...) además de establecer la conformación de dicho colegiado, de acuerdo al orden de antigüedad de los jueces integrantes de esta CSN conforme al cuadro de Precedencia por Antigüedad de Jueces Especializados Titulares”, dice la resolución.

La decisión, explicó Infobae, es definitiva, ya que incluso si el suspendido Raúl Caballero Laura terminara su periodo de cumplimiento de la medida disciplinaria, la norma establece que, una vez iniciado el juicio -en julio de este año, es decir, cuando este lleve cuatro de los seis meses de suspensión-, no se podrá modificar la conformación del colegiado para evitar la afectación del debido proceso.