“No prestaron servicios”: Contraloría deriva al Ministerio Público investigación por 761 millones en pagos improcedentes en Corporación Municipal de La Serena

La Contraloría General de la República otra vez puso sus ojos en un municipio del país. Esta vez, un arrollador informe develó pagos improcedentes por $761 millones en la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, por el pago de servicios a honorarios a 19 personas que no desempeñaron sus funciones, particularmente en establecimientos de atención primaria de salud. El ente fiscalizador confirmó que derivará los resultados de la indagatoria al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para la apertura de una arista penal.

Un verdadero terremoto es el que provocaron en el municipio serenense los resultados de las investigaciones que comenzaron a realizar dentro de la Corporación de Salud y Educación y que derivaron en el lapidario Informe Final Nº 809 emanado desde la Contraloría.

Esta vez la entidad a cargo de la contralora (s), Dorothy Pérez, puso la mira entre los años 2020 y 2021 en la institución dependiente del municipio, en el marco de los momentos más álgidos del Covid-19, donde la alerta sanitaria permitió la flexibilización de procesos licitatorios con el objetivo de contratar personal para diferentes servicios.

Es ahí que el ente contralor constató a través de un documento de 163 páginas el pago de servicios a honorarios a 19 personas que no desempeñaron sus funciones en los establecimientos de salud por un total líquido de $375.765.552 durante 2020 y $385.277.310 en 2021, alcanzando un pago total, improcedente según las conclusiones, de $761.042.862.

Desde 5 a 91 millones recibieron en total los funcionarios que no concurrieron a los recintos primarios de salud en 24 meses durante la pandemia, con fondos del Departamento de Salud.

Es por esta razón que la investigación realizada por el ente contralor catalogó los hechos como de “alta complejidad”, confirmando que buscarán la restitución de los recursos. Mientras tanto, el documento y otros antecedentes fueron derivados a la Fiscalía Local de La Serena del Ministerio Público y al CDE, “para los fines a que haya lugar”, con una posible apertura a una arista penal.

Asimismo, la Unidad de Control Externo de la Contraloría General de Coquimbo señala otra serie de irregularidades dentro de los montos objetados, apuntando a “lo relativo a pagos por servicios sin respaldo de su realización”. Ahí se enumeran situaciones en que la entidad administrada por un directorio que preside el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, gastó plata fiscal sin el respaldo respectivo.

En detalle, se evidencia que durante el 2021 se realizó un pago total de $31.272.696 por servicios a honorarios donde no se presentó la documentación que acreditaba la realización efectiva.

Aunque la corporación respondió a través de una serie de informes al ente contralor, el escrito señala que “estos no detallaban en qué día y entre qué horarios prestó sus servicios el personal en cuestión, sin que fuese posible acreditar su efectivo cumplimiento”.

Asimismo, se abre otro acápite en el escrito que apunta a desembolsos que realizó la Corporación de Salud por otros servicios a honorarios en los Servicios de Atención Primaria en Salud de Emergencia, SAPU, y en los Servicios de Atención Primaria en Salud de Emergencia de Alta Resolutividad de sus CESFAM, por un total de $4.862.888. Ahí asegura que “los libros de conteo de horas proporcionados no respaldan las horas pagadas ya sea en exceso o en defectos”.

Entre los meses de enero y abril, el documento afirma que una funcionaria pagada “como profesional médica” por un total de $4.005.623, no resultó posible validar si las horas cobradas contaban con el respaldo correspondiente, por cuanto el Departamento de Salud informó que el referido establecimiento de salud extravió el libro de recuento de horas asociado al período en cuestión.

El hecho pone en jaque a la administración de Jacob, principalmente por la magnitud de las irregularidades detectadas. Desde la entidad aseguran que el 9 de febrero de 2022 y el 26 de abril de 2022, el alcalde y la corporación ingresaron una querella por los delitos de fraude, estafa y otros engaños ante el Juzgado de Garantía de La Serena, “la que hemos ampliado en tres oportunidades, en el mes de abril del año 2022, junio 2023 y diciembre del mismo año”, según explican.

Agregan que “se iniciaron sumarios administrativos en contra de la administración central de la corporación y la Atención Primaria de Salud Municipal”. En esa línea, la corporación indica que “acá nos encontramos ante la presencia de los delitos de fraude, estafa y otros engaños, los que fueron cometidos por exfuncionarios del Departamento de Salud de la Corporación, quienes eran parte del proceso de autorización, visación y tramitación de las boletas de honorarios”.