Hace más de una semana, el domingo 12 de abril, se dio inicio a la primera vuelta de las elecciones generales en Perú. En esta, se eligió a los candidatos presidenciales que se enfrentarán en la segunda vuelta, además de los diputados y senadores de la restablecida bicameralidad en el país andino.

Según información de la Oficina de Procesos Electorales de Perú (ONPE), Keiko Fujimori —candidata de Fuerza Popular e hija de Alberto Fujimori— alcanzó el 17% de los votos, encabezando las preferencias para la segunda vuelta entre los 35 postulantes a gobernar desde la Casa de Pizarro.

Para el segundo lugar la disputa está reñida. Los datos de la misma oficina indican que a Fujimori le siguen el izquierdista Roberto Sánchez, con un 12% de las preferencias y, luego, Rafael López Aliaga, con el 11,9%. Hasta el momento, entre ambos candidatos hay alrededor de 14.000 votos de diferencia. Dado este escenario, para estos candidatos cada voto es relevante, en la medida en que puede definir quién se enfrentará a Fujimori.

Sin embargo, esta definición no se prevé sencilla. La jornada electoral en el país vecino resultó en un proceso lento y tropezado. Los problemas logísticos empezaron días antes de la jornada de votación. Como consecuencia, miles de peruanos tanto dentro del país como en los locales de votación instalados en el extranjero, denunciaron la tardanza para ejercer el derecho y, en algunos casos, ni siquiera pudieron votar.

Con esto, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tomó la decisión de extender la jornada hasta el lunes. Pero los problemas no se agotaron ahí. El conteo de votos se ha tardado —de hecho, se extiende hasta hoy— y ya acumula más de 5.600 actas observadas. Es decir —según el mismo JNE—, actas que no pueden ser contabilizadas porque presentan errores numéricos o de transcripción.

Ante esto, el candidato López Aliaga —de Renovación Popular, partido conservador— llamó a realizar un proceso eleccionario complementario. “Más de un millón de peruanos no pudo votar”, aseguró el candidato derechista, quien luego agregó: “Si respetan la voluntad popular, aun con mis errores, llego a más votos que Keiko Fujimori”.

En caso de lograr esta pretensión, y dada la pequeña brecha que separa a López Aliaga de Sánchez, el candidato conservador podría resultar victorioso y enfrentar a Fujimori en la segunda vuelta de junio.

En este contexto, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, comunicó recientemente que se estima que los resultados oficiales de la primera vuelta se entregarán más de un mes después. En una entrevista realizada en RPP, la funcionaria del tribunal electoral peruano afirmó que “tenemos previsto hacia la quincena de mayo tener, por lo menos, los resultados presidenciales, que es lo que necesitamos para determinar la segunda vuelta”.

Una investigación del medio peruano El Comercio recabó la seguidilla de irregularidades en el proceso eleccionario —las que iniciaron días previos a la jornada electoral— y amenazan con invalidar el proceso y con terminar con la gestión del jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Las contradicciones entre la ONPE y Galaga

Según El Comercio, la seguidilla de eventos que provocaron la crisis que afronta la ONPE empezó la noche del viernes 10 de abril, cuando aparecieron las primeras contradicciones por parte de funcionarios de la institución.

Esa noche se anunció —mediante un comunicado de prensa— que partían 434 unidades de transporte hacia los locales de votación, pero solo habían contabilizado poco más de 340 unidades. Por su parte, la empresa logística encargada de la distribución del material electoral, Galaga SAC, reconoció que repartió 170 unidades para repartir material electoral.

Los propios funcionarios de la ONPE consultaron sobre esto al gerente de Gestión Electoral de la oficina, José Samamé —quien resultó detenido por la gestión negligente del proceso—, y al subgerente de Producción Electoral, Juan Phang —que fue suspendido de sus funciones—, sobre las incongruencias en las cifras, pero ambos aseguraron que todos estaban bajo control.

“El personal de la ONPE se retiró, el viernes por la noche, confiando en que todo estaba encaminado. Ese solo era el inicio del caos”, consignó El Comercio.

Según el abogado de la empresa logística, Cristian Castillo, el plan de distribución era en dos turnos. El primero salía el viernes por la noche. El segundo, el sábado en la mañana. Todo el material debía estar en los locales de votación el sábado 11.

Aquí aparece la primera gran contradicción entre los discursos de la ONPE y la empresa logística encargada de la distribución de los materiales electorales. Esta última señala que siempre fueron dos turnos, pero fuentes de la ONPE aseguraron a El Comercio que recién se enteraron de que serían dos turnos el viernes por la noche, cuando salió el primer bloque de unidades.

“Las mismas fuentes de la ONPE explicaron que existía la necesidad de que todo el material esté entregado el sábado 11 —24 horas antes del día de la elección— para la instalación correcta de las mesas de sufragio, principalmente de las computadoras, impresoras y material anexo para el funcionamiento de los equipos”, explicó el diario peruano.

Galaga debía transportar dos tipos de materiales. En un camión, las cédulas, las actas y las cabinas armables. En otro tipo, las computadoras, impresoras y anexos. Y cada convoy de camiones debía realizar entregas entre 10 y 15 locales de votación.

El retraso en la distribución de computadores e impresoras —debido a la segmentación en dos turnos— provocó que, durante la jornada electoral, diversos vocales de mesa reportaran demoras en la instalación, debido a que los equipos no estaban configurados o presentaban dificultades para su puesta en marcha. “Las máquinas debieron ser instaladas 24 horas antes, desde el sábado, para que cuando llegaran los miembros de mesas, los aparatos estén operativos”, indicó una fuente de la ONPE a El Comercio.

Falta de personal

Durante el sábado 11, los problemas se habrían intensificado. Según el abogado de la empresa, fue en el segundo turno cuando comenzaron los retrasos, atribuyéndolos a deficiencias internas de la ONPE.

“Se comenzó a registrar merma de gente de almacén, merma de comisionados de ONPE. Es decir, se les reducía el personal. Avanzaba el día, seguía el retraso, incluso a las 11:43 p.m. tenemos el registro de que les informamos que teníamos 35 unidades disponibles para salir. A la medianoche, ya debía estar todo terminado, pero teníamos aún 35 camiones esperando la carga de equipos informáticos. A las 6 de la mañana, del mismo domingo de la elección, recién salió el último camión por la demora de ONPE”, declaró el abogado de Galaga a El Comercio.

La empresa informó esta situación directamente a Phang, quien respondió que el material llegaría en breve, lo que finalmente no habría ocurrido sino hasta la madrugada del domingo, horas previas a la apertura de los locales de votación.

“Phang no tiene explicación lógica, no nos explicó nada por correo electrónico ni por WhatsApp. A nosotros se nos acusó de retrasar el reparto y no han presentado ni un solo elemento probatorio ante la Policía o la Fiscalía. [...] Lo que se vio fueron comisionados que empezaron a no llegar, se escapaban y tenían que ser reemplazados. También hubo incidentes de reclamos de policías, no querían prestar el servicio porque habían esperado mucho tiempo”, aseguró Castillo.

Mediante su abogado, la empresa también sostuvo que no tenía acceso directo a los almacenes, dependiendo del personal de la ONPE para la carga del material. Los retrasos generaron además conflictos con los propios conductores, quienes —según explicó El Comercio— debieron esperar horas sin instrucciones claras y, por lo tanto, sin poder movilizarse para la distribución del material electoral.

“Los de la ONPE no decían nada, no te decían anda y regresa a tal hora. Los conductores esperaban cinco, 10 minutos y hasta 24 horas en algunos casos porque a las 6 de la mañana llegó el último camión. Entonces los conductores reclamaban pagos extras”, contó.

Samamé y Phang

Ante el escenario caótico de la logística electoral, el subgerente de Producción Electoral de la ONPE, Phang —encargado de este proceso— dejó de responder no solo a la empresa distribuidora, sino también a la propia institución electoral. Durante el sábado, distintos equipos intentaron obtener explicaciones, sin éxito.

Esta situación —aseguró el diario peruano— también se habría dado con el gerente de gestión electoral, Samamé.

El día de la elección, la versión oficial del órgano electoral —y presuntamente comandada por el jefe de la institución, Piero Corvetto— señaló a la empresa de transporte como responsable de los retrasos.

Así, las acusaciones cruzadas derivaron en un conflicto formal entre la empresa logística y la ONPE.

Phang, en su declaración al respecto ante la Contraloría peruana, aseguró no contar con registros sobre los despachos, aunque se detectó que dicha información estaba disponible y le había sido notificada a través de un grupo de mensajería interna.

Phang fue apuntado por Samamé como responsable de las demoras. Este último, fue detenido por autoridades anticorrupción, aunque posteriormente quedó en libertad.

Actualmente, todos los involucrados —incluido el jefe del órgano electoral, Corvetto— se encuentran bajo investigación, en un caso que podría derivar en sanciones de carácter penal.

El reporteo de El Comercio dio con los contratos de la licitación de Galaga, que fueron firmados por ambos funcionarios que hoy figuran entre los principales investigados, Samamé y Phang. Galaga habría sido elegida para los servicios a pesar de ser la que ofreció el precio más elevado entre los tres competidores. La suma ascendió a casi dos millones de dólares.