La imputación por tráfico de influencias contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha remecido la política española. El líder del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, criticó al presidente Pedro Sánchez y pidió un anticipo de las elecciones, porque ve “irresponsable” que el mandatario socialista siga más allá de 2026 con una “agenda descontrolada y judicializada”.

El diario El País señaló que fuentes del PNV, que cuenta con cinco diputados en el Congreso, negaron la posibilidad de apoyar una eventual moción de censura que por ahora el Partido Popular descarta presentar, porque esa hipótesis incluiría a Vox y los vascos rechazan estar en la misma ecuación con ellos.

“Todos los escándalos judiciales que están rodeando al gobierno español son absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y de la estabilidad gubernamental”, dijo Esteban. “Aquí no vale todo. Ya van nueve casos abiertos, ahora Zapatero. Lo que hemos leído en el auto es muy grave y muy preocupante. Esto es muy serio”, añadió. “Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada”, sostuvo.

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ya han señalado que no realizarán una moción de censura porque le faltan cuatro votos para que la iniciativa de echar a Sánchez resulte exitosa, indicó El País. Esto, debido a que no suma solo con Vox ni tampoco solo con Junts más PNV. “En paralelo y ante la imposibilidad de que les sumen los números para la moción, la ejecutiva del PP prefiere que el presidente del gobierno se desgaste en las elecciones municipales y autonómicas, sobre todo a la luz de las últimas cuatro citas en las que el PSOE ha encadenado graves derrotas”, dice El País.

Mientras que el gobierno da la máxima importancia a la declaración que el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero realizará el martes 2 de junio ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, para responder a las sospechas de que lideró una organización criminal de tráfico de influencias y espera que pueda defenderse y explicar la legalidad de sus actividades.

Europa Press indicó que en la Moncloa están a la espera de que Zapatero se siente ante el juez y confían en que sus explicaciones sirvan para contrarrestar todos los “indicios” en su contra, según dijeron a Europa Press fuentes gubernamentales, que están encontrando dificultades para sostener su defensa.

El propio expresidente publicó un video el día de su imputación en el que negó los hechos, pero a lo largo de toda esta semana están siendo el gobierno y el PSOE, incluido el presidente Pedro Sánchez en primera persona, los encargados de darle apoyo.

La tarea no es sencilla ante un auto de imputación “serio” -como admiten en el Ejecutivo- que describe supuestos delitos muy graves y se sustenta en una investigación de varios meses llevada a cabo por un juez con fama de meticuloso.

En el gobierno admiten que esta investigación nada tiene que ver con otras que afectan al entorno del gobierno, como la del hermano del presidente, David Sánchez, y especialmente a las pesquisas del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, que suponen “una aberración jurídica” para un miembro del Consejo de Ministros.

Zapatero está citado a comparecer como imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en el caso Plus Ultra, y el juez le sitúa en la cúspide de una trama para obtener beneficio económico valiéndose de sus contactos con altos cargos.

Calama cifra en dos millones de euros la cantidad obtenida en comisiones y le hace responsable de crear una “estructura societaria y financiera internacional indiciariamente diseñada para canalizar fondos de origen ilícito”.

El expresidente ya dio sus primeras explicaciones públicas el pasado 2 de marzo en el Senado, donde fue llamado a comparecer tras la detención de su amigo Julio Martínez Martínez, fundador de la empresa Análisis Relevante, que realizó pagos a Zapatero y a la empresa de sus hijas. El gobierno espera que su defensa ante el juez siga la misma línea que desplegó ante los senadores, según apuntan fuentes gubernamentales.

En la Cámara Alta, Zapatero negó cualquier tipo de “relación” con el rescate de 53 millones de dinero público a la aerolínea Plus Ultra, y aseguró que nunca habló sobre este asunto con Pedro Sánchez ni con ningún integrante del Ejecutivo.

Sobre si conoce al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, explicó que puede ser que le haya saludado alguna vez porque lo hace con “miles de personas”, pero aseguró que no ha tenido nunca “ninguna comunicación ni ninguna reunión con él”.

“No he tenido nunca relación con Plus Ultra, de ningún tipo, ni nadie me ha pedido nunca para Plus Ultra”, proclamó en varias ocasiones Zapatero.

Esta declaración contrasta con las conclusiones a las que llega el juez Calama, que considera que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener el rescate concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por mecanismos ajenos a la legalidad.

Calama sospecha que se articularon dos líneas de influencia diferenciadas: una a través del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otra a través de Zapatero, y que habrían operado de manera simultánea, pero la del expresidente habría adquirido un “papel predominante” y permitido a la aerolínea lograr sus objetivos.