El gobierno de Estados Unidos anunció este martes la suspensión inmediata de los procesos migratorios y de ciudadanía para personas originarias de 19 países, en el marco de una nueva política de control migratorio basada en criterios de seguridad nacional.

La instrucción fue emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el cual ordenó detener la tramitación de solicitudes de asilo, permisos migratorios y beneficios administrativos para ciudadanos provenientes de los siguientes países: Afganistán, Birmania (Myanmar), Burundi, Chad, Cuba, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, República del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán, Venezuela y Yemen.

La decisión, que afecta tanto a nuevas solicitudes como a trámites que ya estaban en curso, quedó formalizada en un documento titulado “Suspensión y revisión de todas las solicitudes de asilo pendientes y solicitudes de beneficios presentadas por extranjeros provenientes de países de alto riesgo”.

El memorándum instruye de manera expresa a los funcionarios a paralizar “todas las solicitudes de asilo actualmente en trámite”, incluso para personas que no provengan de los países señalados.

Además, ordena congelar cualquier tipo de beneficio migratorio solicitado por ciudadanos de países incluidos en la proclamación presidencial N°10949.

Esta proclamación, vigente en Estados Unidos, restringe el ingreso de extranjeros considerados una amenaza potencial para la seguridad nacional o el orden público, bajo el argumento de prevenir terrorismo y crimen transnacional.

Revisión de permisos ya otorgados

Otro de los aspectos controversiales es que el memorándum no solo afecta trámites futuros o pendientes, sino que también ordena revisar beneficios ya aprobados.

La instrucción establece que todas las personas de países incluidos en la proclamación que hayan ingresado a EE.UU. a partir del 20 de enero de 2021 quedarán sujetas a una nueva evaluación migratoria.

Esto significa que incluso quienes ya habían sido aceptados podrían ser llamados nuevamente a entrevistas, revisados sus antecedentes y eventualmente perder beneficios migratorios previamente concedidos si se detecta alguna situación considerada riesgosa.

La evaluación se realizará bajo un sistema de análisis individual, es decir, caso a caso, considerando antecedentes judiciales, historial migratorio, situación personal y factores de riesgo.