Gobierno de Milei sigue cediendo: prescindiría de facultades legislativas en materia fiscal y previsional de “ley ómnibus”

Oscuro panorama para los proyectos de ley de Milei en el Congreso argentino.

El Ejecutivo argentino buscará así evitar una derrota en la Cámara de Diputados, con un paquete de leyes ya diezmado en lo relativo a sus reformas económicas, ante la urgencia de enviar una señal a los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI).


El gobierno de Javier Milei hará en las próximas horas nuevas concesiones sobre la “ley ómnibus”, que se centrarían principalmente en la prescidencia de las facultades legislativas en materia fiscal y previsional, cediendo así a los bloques parlamentarios dispuestos al diálogo y conseguir así la aprobación en el Congreso.

De esta manera, el paquete de leyes impulsado por el Mandatario, ya diezmado en lo relativo a sus reformas económicas, de acuerdo a lo anunciado el pasado viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo, intentará una acogida en la Cámara de Diputados ante la urgencia de enviar una señal a los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI), según reporta el diario local ‘La Nación’.

Con intensas negociaciones durante el fin de semana, los congresistas de la Unión Cívica Radical, Pro y Hacemos Coalición Federal esperan una respuesta formal a los pedidos de modificaciones planteadas después de una semana de vaivenes para lograr un dictamen de mayoría.

El kirchnerismo y la izquierda, por su parte, se encaminan a un rechazo total, ya que consideran la eliminación del capítulo fiscal de la ley ómnibus como una “trampa”.

Por orden de la Casa Rosada, en la reunión parlamentaria, que el oficialismo intentará convocar para este lunes o a más tardar el martes temprano, el bloque de La Libertad Avanza propondrá incluir un párrafo para dejar expresamente definido que quedarán afuera las facultades en materia previsional y fiscal.

Así, Milei retendría los poderes especiales en las áreas económica, financiera, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa por un año, prorrogable por el Congreso por un año más.

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