La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reconoció este lunes su fracaso en el referéndum sobre la reforma judicial impulsada por su Gobierno, después de que casi un 54% de los ciudadanos rechazara la medida en una consulta que representa un importante varapalo político de la líder ultraderechista, que asumió el cargo en 2022.

“La soberanía pertenece al pueblo y los italianos hoy se han expresado con claridad. El Gobierno hizo lo que había prometido: llevar adelante una reforma de la justicia que estaba escrita en nuestro programa electoral. La hemos apoyado hasta el final y después hemos dejado la elección en manos de los ciudadanos”, indicó la dirigente italiana en un mensaje en video difundido en redes sociales.

Meloni reiteró así que “respeta la decisión tomada por los ciudadanos”. “Queda claramente el pesar por una oportunidad perdida de modernizar Italia, pero esto no cambia nuestro compromiso para continuar, con seriedad y determinación, trabajando por el bien de la nación y para honrar el mandato que se nos ha encomendado”, argumentó la primera ministra.

Según los resultados preliminares difundidos por el Ministerio del Interior, un 53,92% de los ciudadanos italianos votó en contra de la reforma judicial frente a un 46,08% que apoyó la iniciativa con más de la mitad de los votos escrutados, siendo la tasa de participación del 58,51% los dos días de consulta popular.

Los colegios electorales cerraron este lunes sobre las 15.00 horas tras dos días de votación. La pregunta que tuvieron que responder los ciudadanos italianos aludía a una reforma de los artículos 87, 102, 104, 105, 106, 107 y 110 de la Constitución.

La reforma, extremadamente compleja y con aspectos muy técnicos, planteaba, a rasgos generales, separar las carreras de jueces y fiscales en dos órganos distintos, con dos consejos superiores de la judicatura separados, que funcionen de forma autónoma, y un nuevo órgano disciplinario común para los magistrados.

Uno de los puntos más controvertidos es que algunos miembros del Consejo Superior de la Judicatura -formado por 33 miembros, 20 de los cuales son elegidos por los propios magistrados y otros 10 por el Parlamento- sean seleccionados por sorteo, un mecanismo defendido por el Gobierno para poner fin al llamado “faccionalismo”.

Detractores de la medida defienden que el sorteo eliminaría la representatividad sin garantizar imparcialidad, produciéndose así una fuerte asimetría entre los cargos elegidos por el Parlamento y aquellos elegidos por los magistrados, que no tendrán legitimidad y serán más susceptibles a influencias políticas.

La oposición asegura además que la separación de carreras es un problema inexistente, puesto que el cambio de un cargo a otro solo se permite una vez y durante los primeros 10 años de carrera, con la condición de trasladarse a otro distrito judicial o región a fin de garantizar la imparcialidad.

Por otro lado, convertir a los fiscales en un organismo independiente -regulado por su propio consejo superior- conllevaría, a juicio de sus detractores, el riesgo de alejarlos de una cultura profesional compartida con los jueces y podría convertirles así en figuras más parecidas a agentes de policía, dando paso a una lógica de resultados, con preferencia por lograr más detenciones y condenas.

La medida tampoco logra mitigar las ineficiencias del sistema judicial, según afirma la oposición, puesto que multiplica los costos y la burocracia, asignando las mismas funciones que realiza un solo organismo a tres diferentes.

La oposición a Meloni también plantea dudas sobre la convocatoria de referéndum, puesto que si el Gobierno hubiera querido intervenir para separar las carreras judiciales, hubiera bastado con plantear una ley ordinaria. La consulta, además, era un referéndum confirmatorio en el que no se necesita alcanzar ningún quórum para que sea válido.

La legislación -planteada por Silvio Berlusconi durante su mandato como primer ministro en el contexto del escándalo de “Manos Limpias”- ya fue aprobada por el Parlamento en octubre de 2025, si bien al ser una reforma constitucional debía aprobarse por consulta popular al no conseguir dos tercios en la Cámara.