Policía brasileña denuncia a Bolsonaro y su hijo por “coacción” al Supremo
El expresidente y su hijo son acusados de intentar obstaculizar la investigación que enfrenta el líder ultraderechista por golpe de Estado. Además se reveló que trató de solicitar asilo político al Gobierno de Javier Milei.
La Policía Federal de Brasil acusó formalmente este miércoles al expresidente Jair Bolsonaro, y a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, de intentar obstaculizar la investigación que enfrenta el ultraderechista por golpe de Estado, incluyendo un delito de coacción, a través de la financiación de una trama para entorpecer esta causa desde Estados Unidos.
El cuerpo policial presentó la denuncia en un informe entregado este miércoles al Tribunal Supremo, tras concluir las investigaciones sobre la actuación de Eduardo Bolsonaro para promover en Washington medidas de represalia contra el Gobierno y el Poder Judicial brasileños, según recabó Agencia Brasil, un caso abierto en mayo a petición del fiscal general, Paulo Gonet.
El exmandatario cumple arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto por incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas por la supuesta financiación con hasta dos millones de reales (US$365.286) para hacer campaña a través de su hijo, en el país norteamericano desde marzo.
Esta a favor de los aranceles del 50 por ciento a las importaciones brasileñas y sanciones contra las autoridades brasileñas, incluido el juez del Supremo y relator del caso, Alexandre de Moraes, en un momento en el que el presidente Donald Trump mostró un inusitado interés por su situación judicial.
La Policía brasileña reveló asimismo que Jair Bolsonaro estudió pedir asilo político en Argentina, presidida por el también ultraderechista Javier Milei, tras hallar un documento en su teléfono donde denunciaba ser víctima de una “persecución en (su) país de origen por motivos y delitos fundamentalmente políticos”.
De acuerdo a las investigaciones, el escrito de 33 páginas no contenía firma ni fecha, aunque llevaba guardado en el dispositivo del expresidente desde 2024, cuando fue señalado por el intento de golpe de Estado contra el actual dirigente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
El ente policial apunta a que Bolsonaro “tenía en su poder un documento que le permitiría escapar de Brasil a la República Argentina, en particular tras el inicio de una investigación por parte de la Policía Federal con la identificación de materialidad y autoridad penal respecto de los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho por una organización criminal”.
“La información encontrada indica, por tanto, que el expresidente Jair Bolsonaro tenía en su poder un documento que le permitiría escapar de Brasil a la República Argentina, en particular tras el inicio de una investigación por parte de la Policía Federal con la identificación de materialidad y autoridad penal respecto de los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho por una organización criminal”
El pastor acusado de ayudar los Bolsonaro
Por otra parte, el Tribunal Supremo ordenó este miércoles la búsqueda de Silas Malafaia, un pastor evangélico aliado de Bolsonaro y asiduo a las marchas pidiendo su amnistía, porque existen “fuertes evidencias de (su) participación en la empresa criminal, intencionalmente y con unidad de propósito de” Bolsonaro padre e hijo.
Los agentes incautaron su teléfono y le retuvieron su pasaporte, prohibiéndole la salida del país y el mantener contacto con los acusados, a su llegada al aeropuerto de Río de Janeiro en un vuelo procedente de Lisboa.
El magistrado De Moraes tomó esta decisión después de que la Policía incluyó a Malafaia en la investigación contra los Bolsonaro por obstrucción a la justicia, acusándolo de haber participado “en la definición de estrategias de coerción y difusión de narrativas falsas, así como en la dirección de acciones coordinadas”, según recoge el diario Folha do Sao Paulo.
El objetivo de este “conocido líder religioso”, apuntan los investigadores, era “coaccionar a los miembros de la cúpula del Poder Judicial, a fin de impedir que cualquier acción jurisdiccional en el ámbito del Tribunal Supremo se oponga a los intereses ilícitos del grupo criminal”.
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