El Reino Unido decidió este sábado pausar el acuerdo para restituir a Mauricio el archipiélago de Chagos, que alberga la base militar de Diego García, utilizada conjuntamente con Estados Unidos.

La decisión se produce ante la falta de apoyo del presidente Donald Trump, quien en los últimos meses ha criticado el acuerdo, pese a haberlo respaldado inicialmente.

El pacto, alcanzado en mayo del año pasado, contemplaba la devolución del archipiélago a Mauricio, siguiendo una recomendación emitida en 2019 por la Corte Internacional de Justicia.

Base clave para EE.UU. y Reino Unido

En virtud del acuerdo, Londres mantendría el control de la base militar de Diego García por un periodo de 99 años —prorrogables— a cambio de un arriendo, dada su importancia estratégica.

Sin embargo, Trump ha calificado la iniciativa como una “estupidez”, lo que ha tensionado la relación entre ambos países en torno a este tema.

La base de Diego García tiene un rol clave en operaciones militares occidentales. Recientemente, ha sido utilizada en el marco de la ofensiva de Estados Unidos contra Irán, en el contexto de la guerra en Oriente Medio.

Además, ha sido fundamental en conflictos previos liderados por Washington, como las guerras del Golfo (1990-1991), Irak (2003-2011) y los bombardeos en Afganistán en 2001.

Londres insiste en su valor estratégico

Desde el gobierno británico, liderado por Keir Starmer, reiteraron que el acuerdo sigue siendo la mejor opción para asegurar el futuro de la base.

“Seguimos pensando que este acuerdo es la mejor forma de proteger el futuro a largo plazo de la base, pero solo avanzaremos si cuenta con el apoyo de Estados Unidos”, señaló un portavoz.

Asimismo, subrayaron que Diego García es “un activo militar fundamental” para ambos países y que su seguridad operativa seguirá siendo prioritaria.

Disputa histórica por la soberanía

El archipiélago de Chagos ha sido objeto de controversia durante décadas. El Reino Unido mantuvo su control tras la independencia de Mauricio en los años 60, en un proceso que incluyó la expulsión de miles de habitantes locales.

Desde entonces, los desplazados han impulsado acciones judiciales en busca de compensaciones.

En 2019, la Corte Internacional de Justicia recomendó que Londres devolviera el territorio a Mauricio, argumentando que su soberanía británica carece de base legal sólida.

El gobierno de Starmer ha defendido que un acuerdo permitiría resolver el conflicto jurídico y garantizar la continuidad de la base bajo un marco legal más estable.