A través de la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, los ciudadanos pueden hacer solicitudes de transparencia a las distintas entidades públicas sobre materias relevantes -como políticas públicas o gasto fiscal- y el Estado está obligado a responder. Sin embargo, quienes están a cargo de recepcionar y responder no siempre lo hacen de la mejor forma.

Así lo reveló un inédito censo que hizo el Consejo para la Transparencia -liderado por la abogada Natalia González- a los distintos encargados de responder las solicitudes. En total, se consultó a 1.110 instituciones públicas con 955 respuestas (tasa de respuesta del 85,9%). Ahí se revelaron dos brechas que a juicio del consejo son preocupantes.

En primer lugar, alertó el estudio, el 79,4% de los encargados de transparencia no tiene dedicación exclusiva, lo que implica que se ocupan en otras labores. De hecho, una de las causales en la ley para denegar la entrega de información es cuando distrae en exceso a un funcionario de sus labores.

Otro de los hallazgos clave da cuenta de que el 34,1% de las instituciones públicas que respondieron admiten que dejan esta labor solamente en manos de una persona, y no en varias, lo que haría más expedita la entrega de los antecedentes requeridos. El 29,3% respondió que dicha labor recae en dos personas.

Desagregado por tipo de instituciones, el 44,3% de las municipalidades dice que la labor recae en una persona, en las corporaciones municipales la cifra sube a 45,3% y en las asociaciones municipales a 65,7%. Las municipalidades son de las instituciones que permanentemente son requeridas de información por transparencia.

La presidenta del consejo recalca que “este informe es inédito porque permite mirar por dentro cómo está funcionando la transparencia en el Estado. No basta con que existan obligaciones legales: se necesitan equipos y capacidades reales para responder adecuadamente a la ciudadanía. Es justamente por ello que este consejo concentra sus esfuerzos en capacitar a los encargados de transparencia de las distintas reparticiones públicas, de forma constante y a lo largo de todo el país".

Un número positivo de la pesquisa es que un 93,5% declara tener una unidad, dependencia o persona dedicada a la transparencia activa, que es la publicación de información en la web de forma proactiva. Pero un 33,7% no tiene un acto administrativo que formalice las funciones y responsabilidades.

Respecto de la cantidad de horas que se dedican a la transparencia, un 57,1% dedica entre 1 y 10 horas semanales, 12,1% entre 11 y 20 horas semanales, un 9,6% entre 21 y 30 horas semanales, y solo un 21,2% más de 30 horas semanales.

González recalca que “la forma en que cada repartición gestiona el cumplimiento de la Ley de Transparencia es un asunto de competencia de cada uno de los jefes de servicio, quienes deben asignar el personal y el presupuesto correspondiente. Dicho eso, el cumplimiento de la Ley de Transparencia no es opcional, de manera que cada una de estas autoridades es responsable de gestionar adecuadamente esta materia para no caer en infracciones por incumplimientos a las obligaciones de transparencia activa y al deber de responder, en tiempo y forma, a las solicitudes de acceso a la información pública”.

En ese sentido, la labor del Consejo para la Transparencia es responder a recursos de amparo cuando una solicitud de transparencia no es exitosa, o a reclamos cuando cierta información no es publica en la web oficial de la institución.

La idea del censo inédito del consejo es entregar lineamientos y recomendaciones a las entidades públicas para que mejoren la entrega de información, además de seguir promoviendo el proyecto de ley que mejora la Ley de Transparencia, pero que actualmente lleva años durmiendo en su segundo trámite constitucional en el Senado.

De acuerdo con la memoria institucional 2025 de la institución, anualmente se hacen cerca de 300 mil solicitudes de información.