“En Chile, desde aproximadamente la década de los 50 y hasta tiempos recientes, se realizaron numerosas adopciones de niños, niñas y adolescentes (NNA) que, en virtud de los mecanismos utilizados para llevarlas a cabo, pueden ser calificadas como forzadas o irregulares”. De esta forma comienza el informe de recomendaciones elaborado por la Mesa Interinstitucional de Trabajo sobre Adopciones Forzadas o Irregulares.

La instancia, convocada el 1 de marzo de 2024 por el Ministerio de Justicia, tuvo el objetivo de “coordinar la respuesta estatal, conforme a las competencias institucionales, para enfrentar la problemática de las adopciones irregulares con especial foco en el ejercicio del derecho a la identidad y la búsqueda de orígenes”.

Este miércoles, la mesa entregó el informe que concluye su trabajo en torno a las adopciones irregulares ocurridas en Chile durante 1950 y el 2005 al ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC). En la instancia también estuvo presente el canciller Alberto van Klaveren y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla.

La subsecretaria afirmó que el informe permitirá “garantizar que el Estado contará con capacidad instalada para acompañar, buscar y facilitar el reencuentro cuando sea posible y voluntario”.

Los ocho integrantes de la instancia -de cuatro diferentes ministerios y otras cuatro instituciones estatales- propusieron cinco recomendaciones al Ejecutivo para “abordar de manera integral la situación expuesta” y reparar a los afectados.

En medio de antecedentes “escasos” sobre el tema y un procedimiento penal “complejo” para esclarecer los hechos, una de las iniciativas más fundamentales de la Mesa es la creación de un banco de huellas genéticas dependiente del Servicio Médico Legal (SML).

Esta base de datos genéticos surge no solo con el objetivo de facilitar la identificación y vinculación de parentescos biológicos, sino también con el propósito de ofrecer una alternativa para quienes opten por no judicializar su caso en su proceso para encontrar la verdad.

“La implementación de este banco contribuirá significativamente a resolver las demandas de las víctimas de adopciones forzadas o irregulares, facilitando su acceso a la verdad y al reconocimiento de su identidad biológica. Además, fortalecerá la confianza en las instituciones públicas al ofrecer un mecanismo transparente, accesible y respetuoso de los derechos de las personas”, se detalla en el escrito de la mesa interinstitucional.

Asimismo, y en directa relación con esta propuesta, se recomienda en el documento la creación de una “orgánica” que se encargue de las gestiones de búsqueda previas o posteriores al uso del banco de huellas genéticas.

Respecto a su funcionamiento, se espera que esta orgánica “reciba los requerimientos de las personas que sospechan haber sido víctimas de adopciones forzadas o irregulares, realice los procesos de investigación documental y testimonial pertinentes, solicite el ingreso de los solicitantes al Banco de Huellas Genéticas cuando así corresponda y derive a las instancias correspondientes en caso de constatar que se trate de una adopción de carácter regular, entre otras funciones”.

De cualquier forma, tal como se explicita en el informe, esta y otras recomendaciones se encuentran sujetas a un fortalecimiento presupuestario de aquellas instituciones o programas que tengan relación con la materia. Por lo mismo, y en base a informes de la Cámara y el Instituto de Derechos Humanos (INDH), los participantes de la mesa recomendaron un aumento presupuestario al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial y al SML, entre otros.

Lo anterior con el objetivo de contratar más profesionales expertos, adquirir más recursos tecnológicos y establecer sostenibilidad en el tiempo para las propuestas e investigaciones venideras en relación al tema.

Otras recomendaciones

La mesa interinstitucional también estableció como recomendación la realización de un acto público en donde se reconozca la existencia de estas adopciones. Aquello debido a que “las adopciones forzadas e irregulares ocurrieron con conocimiento y, en muchos casos, con participación de funcionarios públicos, quienes no dieron protección a niños, niñas y adolescentes y sus madres, vulnerando sus derechos e incluso cometiendo delitos calificables como graves violaciones a los derechos humanos”.

En el escrito se agrega que “no se ha entregado a las víctimas una respuesta estatal coordinada, lo que ha sido una de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, y ha implicado la manifiesta ausencia de mecanismos integrales y eficientes que permita el ejercicio del derecho a la identidad de las personas y la reunificación de las familias que así lo deseen”.

Junto al reconocimiento, se espera que en este acto público también se detallen las medidas que tomará el Estado para abordar la situación y reparar a quienes hayan sido víctimas de estas adopciones.

Como última recomendación, el informe aborda la creación de una “instancia institucional de reconocimiento de los hechos que rodean las adopciones forzadas o irregulares y de quienes fueron víctimas de estas circunstancias”.

En el escrito se propone la creación de una Comisión de Verdad y Reparación cuyo objetivo sea “el esclarecimiento histórico de los hechos, búsqueda de víctimas para determinar el paradero de estas o sus orígenes, recomendar mecanismos de reparación y no repetición, propender con sus recomendaciones al fortalecimiento del tejido social (no como una tarea exclusiva de las comisiones) e incluir en su diseño, funcionamiento y análisis posteriores, perspectiva de género”.

En torno a la duración y el presupuesto de la comisión, se espera que la primera no corresponda a un periodo acotado, pues en “muchos de los casos las víctimas no son conscientes de su calidad de tal“. Respecto a la segunda, se proyecta que posea un financiamiento adecuado que permita “desarrollar su trabajo, en un tiempo de dedicación acorde, así como los medios físicos, tecnológicos y humanos”.