Caso Sierra Bella: inmobiliaria pide al TC levantar suspensión de demanda civil por millonaria deuda de la Municipalidad de Santiago
La acción busca que el proceso para definir el pago continúe su curso en el 20° Juzgado Civil de Santiago. La empresa afirma que la administración del alcalde Desbordes, al "dilatar" el pleito civil, está elevando el monto de la deuda final la que por concepto de intereses y otros elementos, podría pasar de los $8.000 millones a los $14.000.
La Inmobiliaria San Valentino -representada por los abogados Álvaro Awad y Catalina Padilla- presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para dejar sin efecto la suspensión de la demanda que esta empresa mantiene en contra de la Municipalidad de Santiago por la compra del terreno de la ex clínica Sierra Bella.
El recurso se da en medio de acusaciones de la inmobiliaria de una “dilación judicial” por parte de la municipalidad debido al requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por la administración del alcalde Mario Desbordes. El jefe comunal mantiene paralizada la causa del 20° Juzgado Civil de Santiago para definir si procede o no el pago hasta que el TC resuelva el requerimiento.
En este contexto, la empresa acusó a la administración de Desbordes de promover “una serie de cuestionamientos que no son de fondo al proceso, lo que ha derivado en una paralización temporal del cobro. Sin embargo, esta situación, lejos de representar un beneficio, ha incrementado el daño económico para la propia institución edilicia, ya que la deuda continúa creciendo mes a mes producto de reajustes, intereses y costas judiciales”.
Desde la inmobiliaria afirmaron que, debido a reajustes de capital, aplicación de intereses, costas judiciales y gastos procesales, el monto total que tendría que pagar el municipio en caso de perder el juicio “podría superar los $12.500 millones” e incluso “exceder los $14 mil millones”. Aquello representa una suma de más de $4 mil millones al precio original que debió pagar el municipio por la compra del inmueble.
“El impacto financiero de esta estrategia no es abstracto, los mayores costos terminarán siendo absorbidos por el presupuesto municipal, es decir, por los propios vecinos de Santiago, quienes verán comprometidos recursos que podrían destinarse a salud, seguridad u otros servicios esenciales”, aseguraron desde la inmobiliaria.
Los hechos y el fondo del recurso
La disputa judicial que enfrenta a la inmobiliaria y la municipalidad se remonta al lunes 8 de septiembre de 2025. En tal fecha, el 19°Juzgado Civil de Santiago acogió la solicitud del abogado representante de la empresa, Felipe Sánchez, para que el Conservador de Bienes Raíces de Santiago inscribiera la escritura de la compraventa del terreno y, en consecuencia, se procediera al pago.
Aquello, sin embargo, no ha resultado ser un proceso fácil. Desbordes ha expresado reiteradamente que no pagará el dinero “porque el precio que se está cobrando es un precio que está absolutamente abultado”.
En ese contexto, el pasado 2 de febrero el abogado Raúl Toro -en representación de la Municipalidad de Santiago- interpuso el requerimiento que dejó paralizada la causa. En esa inaplicabilidad solicitaba que el TC se pronunciara sobre la inhabilidad de funcionarios de la municipalidad que tuvieran conocimiento sobre la compra del terreno de la exclínica Sierra Bella para entregar su testimonio en la causa.
En el recurso presentado el pasado 17 de marzo por parte de la inmobiliaria para dejar sin efecto la suspensión del proceso civil, la empresa renunció al hecho de que los funcionarios no pudieran declarar, con lo que se “elimina la controversia probatoria que motivó el presente requerimiento, dejando de tener una incidencia decisiva en la gestión pendiente”.
En este mismo escrito, también acusan las dilaciones por parte de la municipalidad para ralentizar el proceso judicial: “La presente solicitud es una de las tantas maniobras dilatorias que ha intentado la requirente —ejecutada— para evadir su obligación de pago, la cual se adeuda desde el año 2023 en virtud de un contrato de compraventa celebrado por escritura pública, relativo a un bien inmueble que figura inscrito a nombre de la requirente a partir del año 2025, y más aún, bloqueando el pago de un vale vista con una orden de no pago, siendo que se cumplieron todas las condiciones para su cobro”.
La solicitud de la inmobiliaria para resolver el asunto y continuar el trámite judicial civil estaba en tabla para ser visto este martes en el TC. Consultada por este pugna, desde la Municipalidad de Santiago decidieron no emitir comentarios al respecto.
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