A casi tres años de que se iniciara la llamada “Comisión Jaraquemada” -instancia que entregó 46 medidas en materia de probidad y transparencia buscando una respuesta tras el “caso Convenios”- la fundación Chile Transparente realizó un nuevo balance evaluando el grado de avance legislativo de las normativas. La conclusión de la entidad es que “este balance final permite concluir que el gobierno de Gabriel Boric deja un legado normativo significativo en materia de integridad pública, aunque incompleto".

En lo concreto, la comisión presidida por la abogada María Jaraquemada, tuvo 45 días de trabajo de seis comisionados y sugirió, entre otras medidas, mejorar la relación y las transferencias entre el Estado y fundaciones sin fines de lucro. A pesar de esto, Chile Transparente determinó que “las reformas iniciadas constituyen un piso importante, pero requieren continuidad política y técnica para consolidarse como un verdadero cambio estructural en relación entre Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro”.

De esta manera se determinó que existe un grado de avance general del 63%, registrando un aumento de tres puntos porcentuales respecto de la última medición en febrero de este año. Así es como 29 de las 46 medidas presentan algún grado de implementación o desarrollo. De todas maneras, se especificó que “en varios casos, los progresos se asocian principalmente a acciones administrativas, elaboración de estudios o comunicaciones formales entre instituciones, sin que se observen aún resultados plenamente concretos o consolidados”. En un desglose por el tiempo que demora cada medida, las de corto plazo registran un 79% de avance; las de mediano plazo, un 55%, y las de largo plazo, un 57%.

Conforme al desglose por actores responsables (institución de la que depende su avance), lo relativo al Congreso Nacional registra un 47% de avance, y el Ejecutivo, un 64%.

Como parte de sus conclusiones, el informe dice que “se observa un avance sustantivo en la unificación y armonización del marco regulatorio de las instituciones sin fines de lucro (...) El Ejecutivo ingresó proyectos de ley que modernizan el régimen normativo de corporaciones y fundaciones, fortaleciendo la fiscalización y creando registros con estándares de datos abiertos”.

Dentro de la evaluación se identificaron debilidades y pendientes. Ahí se menciona “avances mínimos” respecto de las entidades sin fines de lucro que son religiosas. Otra medida pendiente es que “la Oficina Presupuestaria del Congreso Nacional se fortaleció solo de manera parcial, funcionando más como apoyo técnico a través de glosas que como una institucionalidad autónoma y permanente, lo que limita su impacto. El estudio sobre la tercerización de servicios público quedó pendiente, sin estrategia definida, y la vinculación de los objetivos país con el presupuesto no se materializó en una política clara”.

Sobre el grado de avance por área de trabajo, las medidas respecto de clasificación de entidades sin fines de lucro tienen un 70%, las de la relación con el Estado un 75%, las relativas a transferencias y registros un 80%, las de control y sanción un 65% y las de rendición de cuentas, un 100%.

Respecto de los avances logrados, se destaca la unificación del marco normativo de las entidades sin fines de lucro, que se aumentaron los estándares de fiscalización y se crearon registros con estándares de datos abiertos. “Este esfuerzo responde directamente a las críticas surgidas tras el ‘Caso Convenio’, y marca un cambio estructural hacia un sistema más trasparente y con mayores controles exante y expost”, dice el informe.

Las medidas que se enviaron a discusión en el Congreso fueron algunas, como que “se introdujo un umbral de 1.500 UTM para determinar la intensidad del control, obligando a las entidades que superen ese monto a publicar estados financieros, balance y convenios en sus sitios web. Además, se fortaleció el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos como plataforma central de trazabilidad, y se proyectó la creación de una Unidad Sancionatoria en el Ministerio de Justicia con mayores facultades de auditoría”.