La Contraloría cuestionó la actuación de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert en su solicitud a la Policía de Investigaciones de antecedentes de detectives trasladados en una causa que llevó en Iquique en enero, cuando aún era la fiscal regional de Tarapacá.

“La actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”, señaló el organismo que encabeza Dorothy Pérez en un dictamen divulgado este jueves.

La trama abrió un debate respecto a los alcances de la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública y una discusión respecto a si la exministra se extralimitó en sus atribuciones al solicitar información vinculada a una investigación penal en curso.

El pasado 1 de abril, se conoció que la Contraloría General de la República dio un plazo de diez días a la entonces ministra de Seguridad y al director general de la PDI, Eduardo Cerna, para que entregaran antecedentes sobre el oficio reservado que la exfiscal envió a la institución policial en marzo, justo antes del llamado a retiro de la prefecta Consuelo Peña.

“No se advierte que requerimiento de exautoridad que se indica se enmarque en sus competencias”, sostuvo la entidad fiscalizadora al analizar los antecedentes por un requerimiento del diputado Raúl Leiva.

En su dictamen, la Contraloría habla de un precipitado oficio, y plantea que “no se advierte de qué manera los requerimientos específicos aludidos en la especie, puedan enmarcarse en las hipótesis legales que habilitan a la autoridad ministerial para efectuar este tipo de solicitudes, las cuales, conforme a la normativa vigente, deben estar destinadas, entre otros aspectos, a planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad”.

En el caso por el que pidió información la exministra, cuatro detectives fueron sacados del equipo a cargo de la indagatoria y trasladados hasta otras regiones. Entre ellos estaba el subprefecto Mauricio Fuentes, cercano a Steinert.

La investigación involucraba a una organización criminal china denominada el Clan Chen.

El diputado Leiva, del Partido Socialista, pidió al organismo fiscalizador un pronunciamiento, atendiendo que si bien la máxima autoridad de Seguridad puede solicitar informes a las policías, existen restricciones cuando se trata de investigaciones penales en curso.

“Steiner actuó fuera del marco de sus atribuciones y lo que llama profundamente la atención y da cuenta de la gravedad de este incumplimiento que plantea el dictamen del a Contraloría es que el órgano contralor se refiere específicamente a que se solicita información respecto de una causa judicial que está actualmente en curso, que no está cerrada y a la cual tuvo acceso en su calidad de fiscal”, indicó Leiva a 24 Horas de TVN.

Por otro lado, la Contraloría se pronunció sobre la salida de Peña. Si bien Steinert pidió la salida de la “número 3″ de la PDI, el hecho fue comunicado como un paso a retiro.

Respecto a la juridicidad de la desvinculación de la prefecto general de la PDI, consultada por el diputado Patricio Pinilla, la Contraloría recordó que fue mediante un decreto del Ministerio de Seguridad Pública se dispuso el retiro absoluto de la funcionaria, a contar del 20 de marzo de 2026.

“Acto que fue cursado por esta Contraloría General el 10 de abril de la anualidad en curso, por ajustarse a derecho”, puntualizan.